1994. En África ocurre una de las peores atrocidades
del siglo XX: la brutal matanza de unas 800.000 personas en Ruanda.
El 6 de abril de 1994, el
avión del presidente ruandés Juvénal Habyarimana fue derribado por atacantes
desconocidos cuando se aproximaba a la capital ruandesa, Kigali.
La muerte de
Habyarimana desencadenó una serie de acontecimientos en los que vecinos e
incluso amigos se enfrentaron entre sí.
Se produjeron asesinatos dentro de las
familias al matar los hutus a sus parientes tutsis.
Aunque la violencia fue
aparentemente espontánea, de hecho había sido planificada. A pesar de que un gran
número de medios de comunicación describieron erróneamente lo que ocurría como
un conflicto tribal, las verdaderas causas eran otras.
Las raíces del conflicto
El conflicto entre hutus y tutsis en el este de África
Central no era el
producto de antiguos odios tribales, como se ha afirmado con tanta frecuencia.
Los hutus y los tutsis no son tribus.
Una tribu es una comunidad diferenciada
con su propio lenguaje, idioma, costumbres, territorio y religión. Los hutus y
tutsis de las naciones de Ruanda y Burundi comparten el mismo territorio,
hablan el mismo idioma (kinyarwanda en Ruanda, kirundi en Burundi), tienen las
mismas costumbres, practican la misma religión y frecuentemente se casan entre
sí.
La diferencia real entre los hutus, que son mayoritarios (entre el 80 y el
85% de la población en Ruanda y Burundi), y los tutsis, que representan una
minoría de entre el 12% y el 15% en ambos países, es de carácter sociopolítico.
Los habitantes originales de la zona conocida
actualmente como Ruanda eran los twas. Los hutus ruandeses emigraron
posteriormente a la región, y ya estaban bien establecidos cuando llegaron los
tutsis a principios del siglo XV.
Esta sociedad pre colonial tenía una
estructura jerarquizada en la que los tutsis eran la aristocracia dominante. Su
posición social estaba ligada a la propiedad de ganado, un símbolo de
distinción en muchas sociedades del África Oriental.
Los hutus no estaban autorizados a poseer ganado si no
se lo concedía un señor tutsi. La concesión (o retirada) de ganado, era un
vínculo esencial entre los patrones tutsis y sus clientes hutus. Por ejemplo,
los soldados hutus que servían bien en la guerra a sus jefes tutsis eran a
menudo recompensados con ganado.
Las guerras en la región eran frecuentes, pero no
enfrentaban a tutsis contra hutus. Se trataba de conflictos civiles entre
tutsis de alto linaje -apoyados respectivamente por sus vasallos hutus en un
sistema similar al de la Europa medieval- o de guerras externas entre el reino
de Ruanda y los reinos vecinos que actualmente forman parte de Uganda y
Tanzania.
Ruanda fue colonizada por Alemania (desde 1894 a 1916) y
posteriormente por Bélgica (de 1916
a 1962). Bélgica ocupó la región durante la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) y gobernó el país con un mandato de la Sociedad de Naciones y
posteriormente de la
ONU. Tanto Alemania como Bélgica decidieron ejercer su
gobierno a través del sistema social existente en Ruanda, con aristócratas
tutsis y clientes hutus. No obstante, sus motivos para hacerlo crearon
tensiones entre estos grupos y ayudaron a sentar las bases para los posteriores
conflictos en Ruanda.
Basándose en las características físicas -los tutsis
solían ser altos, delgados y de aspecto más "europeo" que los hutus,
más bajos y robustos-, los colonizadores determinaron que los tutsis y los
hutus eran dos razas distintas.
Según las teorías raciales de finales del siglo
XIX y principios del XX, los tutsis, con su aspecto más "europeo",
eran considerados la "raza superior" y recibían un tratamiento
preferente. En 1930, los funcionarios auxiliares de Bélgica en Ruanda eran casi
todos tutsis, lo que les hizo ganarse una enemistad duradera de los hutus.
Después de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), muchas colonias africanas empezaron a avanzar hacia la independencia.
Los combates empezaron en 1959 y
acabaron desembocando en la independencia en 1962, con un gobierno dominado por
los hutus.
Aunque el número de personas muertas y exiliadas entre
1959 y 1962 fue minúsculo en comparación con 1994, los acontecimientos de
aquellos años causaron un grave daño a las relaciones entre
hutus y tutsis. Unos 15.000 tutsis murieron y alrededor de 120.000 huyeron de
Ruanda para escapar de la persecución del gobierno liderado por los hutus.
Muchos huyeron a Burundi, donde los tutsis dominaban el nuevo gobierno
independiente, pero también a Uganda, la República Democrática
del Congo (que posteriormente se llamó Zaire y actualmente ha recuperado el nombre
de República Democrática del Congo) y Tanzania. Algunos llegaron incluso hasta
Europa y EEUU.
El acceso de los hutus al poder
En nombre de la justicia social e histórica, el nuevo
gobierno dominado por los hutus estableció medidas políticas claramente
anti-tutsis en un esfuerzo por vengar años de dominación tutsi.
Mediante cuotas
basadas en la etnia, la ideología gubernamental del "poder hutu" -una
mezcla de teorías étnicas y sociales cuyo denominador común era la superioridad
hutu- limitó los empleos y posiciones sociales que podían ocupar los tutsis.
Los tutsis que permanecieron en el país se convirtieron en ciudadanos de
segunda clase, y a los que huyeron al extranjero no se les permitió regresar.
Uno de los métodos de dominación empleados por el gobierno
encabezado por los hutus consistía en restringir las oportunidades económicas
de los tutsis.
La mayoría de los ruandeses intentaba ganarse la vida mediante
la agricultura, pero la tierra era escasa. Este problema se veía exacerbado por
el pequeño tamaño de Ruanda (unos 26.000 km2) y el masivo crecimiento de la
población tras la independencia (alrededor del 3% anual). A menudo, los tutsis
que intentaban comprar tierra se veían bloqueados por restricciones del
gobierno, y las tierras que se les confiscaron entre 1959 y 1962 no fueron
devueltas. Los tutsis también sufrían discriminación en otros terrenos. Por
ejemplo, los empleos estatales estaban reservados para los hutus. Esto hizo que
muchos tutsis se establecieran por su cuenta o empezaran a trabajar para
organizaciones internacionales.
A pesar de sus excesos, la resuelta actitud
pro-occidental del gobierno de Ruanda durante la Guerra fría hizo que
disfrutara de un sólido apoyo exterior. Muchos gobiernos democráticos,
especialmente los de Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia y Suiza,
apoyaron económica y políticamente al gobierno dirigido por los hutus. Los
exiliados tutsis en el extranjero intentaron expresar su preocupación y sus
quejas, pero en general no se les hizo caso.
La situación cambió drásticamente con el estallido de la
guerra civil en Uganda en 1981. El líder guerrillero y presidente Yoweri
Museveni pertenecía a la tribu de los banyankole, del oeste de Uganda. El grupo social de Museveni
dentro de los banyankole, los hima, ocupaba la misma posición social que habían
ocupado los tutsis antes de la independencia de Ruanda. El gobierno del
anterior presidente ugandés Milton Obote consideraba que los himas y los tutsis
eran aliados naturales y, recalcando esta asociación, presentaba a Museveni
como un extranjero en un intento de desacreditarle.
Atrapados en medio de esta propaganda y perseguidos como
aliados de los rebeldes, los refugiados tutsis del oeste de Uganda empezaron
pronto a sufrir la represión anti guerrillera y se unieron a los combatientes de
Museveni para sobrevivir. Como miembros del ejército de Museveni, los tutsis
adquirieron experiencia militar y se hicieron con armas. Cuando finalmente
Museveni ganó la guerra y accedió al poder en 1986, los refugiados tutsis de
Ruanda entraron a formar parte del ejército regular ugandés.
Desde su nueva posición de poder, los refugiados
empezaron a planear su regreso a Ruanda. Era un país que muchos de ellos no
conocían, puesto que habían huido de Ruanda a una edad muy temprana o habían
nacido ya en el extranjero. A lo largo de los cuatro años siguientes crearon
una organización clandestina llamada Frente Patriótico Ruandés (FPR) y se
prepararon para invadir Ruanda. En octubre de 1990, atacaron.
La guerra duró hasta agosto de 1993, cuando el presidente ruandés
Habyarimana aceptó finalmente un acuerdo para compartir el poder con el Frente
Patriótico Ruandés en un tratado firmado en Arusha (Tanzania). Sin embargo, los
extremistas hutus de su gobierno no aceptaron el tratado de paz. Algunos de estos
extremistas, que ocupaban altos cargos en la administración y las fuerzas
armadas, habían empezado a diseñar su propia solución para el "problema
tutsi" ya en 1992. La polémica decisión de Habyarimana de firmar la paz con
el FPR hizo que otros, incluidos algunos líderes de la oposición, se pusieran
de parte de los extremistas. Muchos de los implicados en la planificación del
genocidio de 1994 se consideraban patriotas que defendían su país contra una
agresión externa. Los hutus moderados que se oponían al genocidio también se
convirtieron en un objetivo para ellos.
En abril de 1994, el avión de Habyarimana fue derribado
cuando volvía de una conferencia internacional celebrada en Dar es Salaam, la
capital de Tanzania. Su muerte marcó el comienzo del genocidio.
El genocidio
Los asesinatos de Ruanda acabaron con la ilusión,
mantenida después de la Segunda Guerra Mundial , de que el mundo ya no se
mantendría pasivo mientras tenía lugar abiertamente un genocidio.
A diferencia
del genocidio de los jemeres rojos de Camboya, que se cobró la vida de casi 2
millones de personas en la década de 1970 cuando Camboya estaba rígidamente
cerrada al mundo exterior, las atrocidades de Ruanda quedaban registradas en
las informaciones que se emitían todas las noches por televisión.
La Convención
de 1948 para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio fue violada sin
el menor recato, y varios países -incluido EEUU- se abstuvieron cuidadosamente
de calificar lo que estaba ocurriendo de "genocidio". Si lo hubieran
hecho, la convención de 1948 les habría obligado a intervenir.
La ONU tampoco respondió, al ser incapaz de superar los
conflictos de intereses de sus miembros. Esta organización tenía una fuerza de
paz de unos 1.500 miembros en Ruanda cuando comenzó la matanza. Sus tropas
estaban estacionadas como parte del acuerdo de Arusha de 1993, pero no
intentaron detener el genocidio porque a los miembros de la ONU les preocupaba
verse involucrados en el conflicto. De hecho, el 21 de abril de 1994, justo
cuando se estaban produciendo algunas de las matanzas más sangrientas, el
Consejo de Seguridad de la ONU decidió reducir las fuerzas de paz de la ONU en
Ruanda.
Debido a la naturaleza caótica del genocidio, nunca se
ha determinado sistemáticamente el número total de personas asesinadas, pero la
mayoría de los expertos creen que fueron unas 800.000 personas. Esta cifra
incluye unos 750.000 tutsis y aproximadamente 50.000 hutus políticamente
moderados que no apoyaban
el genocidio. Muchos de estos asesinatos fueron cometidos por
hordas armadas con palos y machetes. Sólo unos 130.000 tutsis sobrevivieron a
las matanzas.
Además de la carnicería organizada también hubo miles de
violaciones y palizas, y los que vieron los asesinatos y lograron escapar
sufrieron daños indecibles.
Más de 100.000 casas fueron derribadas. Los
comercios fueron saqueados y otras propiedades fueron destruidas. Muchos de los
ciudadanos más importantes del país fueron asesinados u obligados a huir, entre
ellos los más expertos funcionarios estatales, jueces, abogados y médicos,
además de un gran número de profesionales. Estas pérdidas continúan afectando a
Ruanda en la actualidad en forma de una economía pobre, un sistema judicial con
retrasos abrumadores y una administración inexperta.
Los asesinatos también desencadenaron nuevos combates
entre el gobierno y el FPR, que intentó detener la carnicería expulsando al
gobierno encabezado por los hutus. En su avance, las fuerzas del FPR mataron a
unos 50.000 hutus considerados responsables de las matanzas. El gobierno
encabezado por los hutus intentó emplear estas muertes para convencer a la
población hutu de que el FPR estaba planeando un contra-genocidio y de que
todos los hutus debían huir del país.
 |
| Hutus en Burundi |
En parte, tuvieron éxito. En agosto de 1994, más de dos
millones de hutus (alrededor del 30% de la población hutu de Ruanda) habían
huido al Zaire y a Tanzania. Muchos de los responsables de planificar y
ejecutar el genocidio les acompañaron, ocultos entre la masa de inocentes. Bajo
la influencia de estos extremistas, los campos de refugiados apoyados por la
ONU se convirtieron en semilleros de subversión y terrorismo contra el nuevo
gobierno encabezado por el FPR, que había asumido sus funciones en julio.
Al principio, la llegada al poder del FPR pareció
mejorar el panorama político de Ruanda. El nuevo gobierno mantenía un
equilibrio entre representantes del FPR y hutus que se habían opuesto a la
dictadura étnica de Habyarimana, y parecía estar bien situado para comenzar la
ardua tarea de reconstrucción y reconciliación. Sin embargo, esta situación no
duró.
Desde sus bases en los abarrotados campos de refugiados
del este de Zaire, el expulsado ejército hutu adquiría armas con dinero sacado
del tesoro nacional y realizaba incursiones al otro lado de la frontera. A pesar de
los llamamientos de Ruanda para que se cerraran los campos, la atención
internacional se centró más en ayudar a los refugiados que en encontrar a los
culpables que había entre ellos. Los pocos intentos que se hicieron de cerrar los
campos se encontraron con la resistencia de los refugiados, a quienes los
extremistas habían dicho que en Ruanda sufrirían represalias.
Entretanto, mientras el tribunal de crímenes de guerra
patrocinado por la ONU intentaba despegar, muchos de los que habían planeado el
genocidio vivían abiertamente en el extranjero. Funcionarios del gobierno
exiliados negaron incluso que el genocidio se hubiera producido, e insistieron
en que sus víctimas habían muerto en la guerra.
Estas circunstancias llevaron a una radicalización del
gobierno ruandés. Los militares empezaron a exigir un papel mayor en el proceso
político, y los miembros de la línea dura del FPR consolidaron su control del
gobierno. Los reajustes ministeriales de agosto de 1995 y marzo de 1997 supusieron
la retirada del poder o la destitución de muchos políticos hutus, especialmente
los que contaban con apoyos políticos independientes. Estas personas fueron
sustituidas por hutus que debían su posición destacada al FPR. Incluso los
tutsis pasaron a ser elegidos en general más por su apoyo al FPR que por otras
cualidades. Esto hizo que el gobierno se volviera cada vez más autoritario y
militarizado.
Esta tendencia se vio reforzada por la repentina crisis
que surgió a finales de 1996 en lo que entonces era Zaire.
La mayoría de los
campos de refugiados hutus en Zaire estaban situados en las dos provincias
orientales de Kivu del Sur y Kivu del Norte, justo al lado de la frontera
ruandesa. La presencia de tantos elementos anti-tutsis en el este de Zaire intensificó
las tensiones que ya existían entre el gobierno zaireño y la población de Zaire
de etnia tutsi. En otoño de 1996, los banyamulenges (un grupo de tutsis
zaireños de lengua kinyarwanda) se rebelaron contra los esfuerzos zaireños para
expulsarlos del país. Ruanda empezó a suministrar apoyo militar a los rebeldes.
A la vez que apoyaban a los banyamulenges, los ruandeses también actuaron para
cerrar los campos de refugiados. En medio del caos en Zaire, los refugiados
hutus que huyeron a Tanzania en 1994 fueron obligados a volver a casa por el
gobierno tanzano.
En diciembre de 1996, varios cientos de miles de
refugiados habían vuelto a
Ruanda. El resto, incluidos muchos de los responsables del
genocidio, huyeron a la selva zaireña y fueron empujados hacia el Oeste por el
avance de los rebeldes (que para entonces estaban compuestos por varios
movimientos además de los banyamulenges, y eran conocidos como la Alianza de
Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL)). Muchos de estos
refugiados murieron en su marcha a través de Zaire, y la ONU ha hallado pruebas
de que algunos fueron asesinados por los rebeldes. Bajo el mando del veterano
revolucionario Laurent Désiré Kabila, la AFDL derrocó al presidente zaireño
Mobutu Sese Seko en mayo de 1997.
La reconstrucción de una nación
Después de que la mayoría de los refugiados hubiera
vuelto a Ruanda y el resto se encontrara en desbandada, la amenaza de
incursiones fronterizas quedó eliminada. No obstante, la nueva situación
planteaba nuevos retos.
La crisis zaireña y la vuelta de los refugiados reforzó
al ejército de Ruanda en detrimento de su gobierno civil. La vinculación del
ejército con la
victoriosa AFDL de Kabila trajo consigo oportunidades
económicas -incluida la extracción de oro y la explotación maderera- que le han
proporcionado una cierta independencia financiera del gobierno central de
Ruanda. No obstante, las fuerzas armadas siguen consumiendo aproximadamente la
mitad del presupuesto anual de Ruanda. Además, se otorgó al ejército la responsabilidad
de mantener la seguridad interna, un papel que provocó de hecho la
transferencia de la autoridad policial de los civiles a los militares.
El nuevo gobierno provocó el descontento de los hutus
que regresaron, quienes no reconocieron la legitimidad del mismo. Algunos de
los que volvieron comprobaron que sus hogares habían sido destruidos u ocupados
por tutsis. Muchos fueron acusados de participar en el genocidio. Más de
100.000 personas están a la espera de juicio en Ruanda por delitos relacionados
con el genocidio, pero pueden pasar años antes de que el sistema judicial
ruandés, que apenas funciona, resuelva estos casos. Estos prisioneros viven
hacinados en condiciones poco higiénicas, a veces con menos de un metro
cuadrado por detenido. En los últimos tres años han muerto unos 5.000 presos.
Los tutsis de Ruanda también han tenido problemas. Los
coroneles del FPR de origen ugandés han pasado a dominar el gobierno, lo
que ha producido tensiones entre los tutsis recién llegados y aquellos que
sobrevivieron al genocidio. También han surgido problemas económicos. Los
750.000 tutsis que fueron masacrados durante el genocidio eran en su mayoría
campesinos, pero los que volvieron del exilio estaban urbanizados y no les
interesaba la
agricultura. La economía urbana de Ruanda aún está
recuperándose de los efectos de la guerra civil y el genocidio, y aunque no se
dispone de cifras precisas sobre el paro en Ruanda, muchos de los antiguos
exiliados -y también muchos hutus- están en paro o subempleados.
La economía de Ruanda sigue estando muy deteriorada, y
hay pocas esperanzas de una recuperación rápida. Hay varias razones para ello,
entre ellas la falta de una infraestructura adecuada. La educación también
sufre los efectos de la escasez de colegios, material educativo y profesores,
muchos de los cuales murieron en el genocidio. Varios países extranjeros y
organismos internacionales han prometido ayuda para contribuir a la
recuperación de Ruanda, pero gran parte de esta ayuda no se ha concretado. A
menudo, el dinero de las ayudas no repercute en la vida de la mayoría de los
ruandeses, y una gran parte va a parar a los bolsillos de funcionarios
corruptos.
El país sigue afectado por una fractura étnica: la
mayoría de los tutsis viven en las ciudades y una gran parte de los hutus
dependen de la agricultura de subsistencia. Como desconfían del gobierno
encabezado por los tutsis, un gran número de hutus son reacios a apoyar sus
planes económicos. La demanda de tierra es elevada, pero la extensa
desforestación -provocada por la necesidad de combustible y nuevas tierras-
hace que la erosión esté eliminando la valiosa capa superficial del suelo.
Podría volver a suceder
Los problemas que llevaron a la crisis de 1994 en Ruanda
-superpoblación, atraso económico, tensiones étnicas- distan mucho de estar
resueltos. La población crece a un ritmo del 3,6% anual. Con una economía
subdesarrollada, la presión de la superpoblación podría alimentar futuros
conflictos.
Políticamente, el gobierno encabezado por los tutsis
parece empeñado en repetir los errores de sus predecesores reprimiendo a sus
rivales y aferrándose celosamente al poder. En el vecino Burundi, un sistema
similar ha llevado a la formación de movimientos hutus rebeldes y ha provocado
una larga guerra civil en la que han muerto cientos de miles de personas.
Por último, Ruanda ha realizado pocos avances hacia una
reconciliación. Lo que perciben como indiferencia de la comunidad internacional
ha contribuido a un endurecimiento de las posturas de ambas partes. Numerosos
tutsis se sienten aislados y no creen que el mundo exterior esté interesado en
que los asesinos de Ruanda comparezcan ante la justicia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario