1994. La insurrección zapatista de Chiapas

El 1º de enero de 1994, mientras México festejaba el ingreso al nuevo año con su incorporación al Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, una insurrección de campesinos tomaba violentamente varias ciudades, poniendo en el tapete la situación de pobreza de los sectores índigenas olvidados de México.

  

La Insurrección Zapatista de Chiapas

El 1º de enero de 1994, fecha en que se producía la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio Norteamericano, un grupo de indígenas, que formaba el llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ocupó cuatro poblaciones del sur de México en el estado de Chiapas.

El ejército zapatista, integrado por campesinos indígenas de las etnias tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y lacandones, tenía como cabeza visible al líder mestizo conocido con el nombre de subcomandante Marcos.

 

El motivo de la sublevación fue la protesta ante la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos de todo el país, la reivindicación de propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias en la organización de su estado y a nivel nacional, considerando las formas culturales de los grupos que viven en todo el país. El grupo se denominó zapatista en memoria del líder campesino Emiliano Zapata.

El estado de Chiapas es uno de los que posee mayores recursos naturales de México: petróleo, maderas, minas y tierras fértiles para la práctica agrícola. A pesar de ello, es el estado donde la desigualdad es más patente, ya que su organización sociopolítica sigue apoyada en las viejas estructuras sociales y políticas de carácter autoritario y latifundista.

 

La ocupación de diversos municipios fue respondida con el envío de tropas federales a las ciudades tomadas por el EZLN, con enfrentamientos entre los indígenas y campesinos y el Ejército federal en las principales ciudades del estado como San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo; este clima de violencia hizo que el gobierno mexicano enviara mediadores como el exregente de la capital, Manuel Camacho Solís, y el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, quienes negociaron una salida pacífica al conflicto a cambio de ciertas concesiones entre las que se encontraba la supresión del candidato del PRI al gobierno del estado, perteneciente a la oligarquía chiapaneca. La iglesia de dicho estado apoyó el diálogo y se mantuvo al lado de los indígenas y campesinos, defendiendo sus derechos más básicos. No obstante la tregua obtenida, se ha abierto en la zona un clima de hostilidades y debates que hoy todavía persiste.

Tras el asesinato del candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional), Luis Donaldo Colosio Murrieta, Ernesto Zedillo Ponce de León (coordinador de la campaña presidencial del PRI) ganó las elecciones presidenciales en agosto de 1994.

El presidente Zedillo se enfrentó casi de inmediato con una de las peores crisis financieras de México, provocada por un déficit de aproximadamente 30.000 millones de dólares en su cuenta corriente. Se planeó un paquete de rescate internacional bajo la coordinación del presidente estadounidense Clinton, y Zedillo anunció medidas de austeridad y la privatización de los bienes del Estado.

Entretanto, el levantamiento del campesinado indígena del sur de Chiapas continuaba bajo el liderazgo del subcomandante Marcos. El levantamiento ha puesto de manifiesto la precaria situación de los indígenas y ha forzado al gobierno a prestar oídos a sus demandas. La economía mexicana, sin haber sorteado por completo la crisis iniciada en 1994, ofrece síntomas de mejoramiento.

En las últimas elecciones legislativas del 6 de julio de 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y los principales partidos de oposición, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), consolidaron su presencia en el Congreso: el PRI alcanzó el 38% de los votos, el PAN el 26% y el PRD el 25%. El presidente de la nación, Ernesto Zedillo, manifestó que se inicia en el país "una nueva actitud política, cultura política y ética de responsabilidad pública".

El PRI, después de 68 años en el poder, sigue disponiendo de la presidencia, la mayoría absoluta en el Senado y la mayoría de los municipios más importantes del país, pero después de estas elecciones deberá cohabitar, negociar y pactar en el Congreso con los partidos de oposición. México comienza así una nueva etapa de normalidad democrática.

El 19 de enero de 1996, el gobierno y la guerrilla alcanzaron el primer consenso: incorporar en la Constitución el reconocimiento de la autonomía indígena. Meses después, el EZLN acordó transformarse en un grupo político para participar en la mayor democratización del país. Sin embargo, pese al respaldo internacional que han recibido los planteos del movimiento zapatista, la represión contra los indígenas de Chiapas sigue presente.

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de pistoleros armados con fusiles de asalto, machetes y otras armas penetró en la aldea mexicana de Acteal y asesinó a 45 personas; otras 30 resultaron heridas. Todas las víctimas eran indios tzotziles. Entre los muertos figuraban 21 mujeres y 15 niños.

Varias organizaciones de derechos humanos y numerosos testigos presenciales afirmaron que los asesinos pertenecían a un grupo paramilitar organizado por líderes locales del PRI para intimidar a los partidarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algunos funcionarios del gobierno habían recibido advertencias de un aumento de las actividades paramilitares en la zona, y recientemente los campesinos empezaron a abandonar sus casas por miedo. Una gran parte de los asesinados en Acteal eran refugiados procedentes de zonas cercanas.

El procurador general Jorge Madrazo Cuéllar, designado para realizar la investigación, aseguró que los asesinatos estaban relacionados con una serie de disputas locales, algunas de las cuales se remontaban a la década de 1930. Altos cargos del PRI afirmaron que la implicación de miembros de su partido en la masacre no significaba que el PRI apoyara la matanza. Sin embargo, el subcomandante Marcos acusó de complicidad a los gobiernos estatal y federal.

La matanza de Acteal ha sido el peor acto de violencia desde la insurrección del EZLN, en la que murieron más de 145 personas.

Las negociaciones entre el EZLN y el gobierno mexicano sobre cuestiones como la reforma agraria y la autonomía para los grupos indígenas van y vienen desde 1996, el fin del siglo XX y hasta ahora, sin lograr avances concretos en su reclamo de reconocimiento de derechos y de la cultura indígena en la Constitución, constituyendo de facto un gobierno autónomo desde el punto de vista de su organización social, educativa y de salud.