España 1975. El final del Generalísimo

El 20 de noviembre de 1975, fecha que curiosamente coincidió con el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, murió el General Francisco Franco.

 Mientras miles de españoles desfilaron ante su féretro, otros no ocultaron su alivio por el fin de la larga dictadura de casi cuarenta años. Dos días después, Juan Carlos de Borbón juró como rey, iniciando la larga transición hacia la democracia.

La confluencia en la década de 1970 de factores negativos para el régimen de muy variopinta procedencia (crisis energética, huelgas y oposición antifranquista, terrorismo, problemas saharianos), acabó por descomponer un orden obsesionado con su permanencia. La larga agonía del general Franco, simbolizó el agotamiento del sistema, pese a que pocos podían prever que habría una transición hacia la democracia.

 

 La izquierda española se encontraba dividida entre sectores radicales que utilizaban prácticas terroristas (ETA), y sectores más moderados que intentaban una salida más progresiva y amplia hacia la democracia. En la derecha, en tanto, el temor de lo que ocurriría cuando Franco muriese afectó a los diferentes sectores de las fuerzas del régimen de manera distinta. Los grupos falangistas -atrincherados en la burocracia estatal y sindical, la Policía y la Guardia Civil- beneficiados y enriquecidos con el régimen estaban dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias la dictadura, mientras un sector aperturista, constataba que los notables cambios sociales y económicos de los diez años anteriores habían convertido las estructuras políticas del franquismo en algo totalmente anticuado, y querían liberalizar lo suficiente para permitir que el régimen sobreviviera. Los aperturistas deseaban adaptar las formas políticas del régimen a uno de los aspectos, al menos, de la cambiante realidad española, es decir, el surgimiento de un capitalismo a gran escala, tanto nacional como multinacional, fuerza económica dominante del momento.

El retorno de la monarquía española -prometida por Franco- fue consecuencia de un proceso que se inició el 12 de octubre de 1975, con los primeros rumores sobre la salud de Franco. Las informaciones oficiales eran incompletas y tardías, pero de todas formas permitieron saber que la gripe que padecía se había complicado con alteraciones cardíacas. Esto no doblegó al dictador que, a pesar de su estado, decidió continuar presidiendo el Consejo de Ministros, conectado a un monitor que registraba su situación cardiovascular. Su estado se complicó con un edema pulmonar y hemorragias digestivas que obligaron a practicarle una operación, de vida o muerte. Ante la gravedad de la situación se pusieron en marcha los mecanismos sucesorios, que debieron vencer la oposición de quienes se negaban a que Franco, incluso moribundo, cediera sus poderes al príncipe de España. Franco pasaría por dos operaciones más, además de un proceso de hipotermia para alargarle artificialmente la vida. Finalmente, la muerte llegó el 20 de noviembre, luego de cerca de 40 años de ostentar el más absoluto de los poderes.

Muerto Franco y ante la sorpresa internacional, España experimentó el tránsito, atípico en la forma y en el fondo, de un régimen autoritario a una monarquía democrática desde la legalidad corporativa franquista. Autodisueltas las viejas Cortes y encauzada por el monarca la nueva situación, comenzó un largo y complejo periodo de transición política, donde se conjugaron circunstancias favorables ni siquiera barajadas por sus protagonistas. Esta combinación de preparación y suerte, maquinación y casualidad permitió, precisamente desde el respeto a la legalidad, romper la legitimidad anterior y sacar adelante el complicado reajuste político.

El nombramiento del príncipe Juan Carlos como rey, fue recibido con satisfacción en los círculos franquistas, que veían que de este modo se habían tomado finalmente las medidas definitivas para garantizar la continuidad del régimen. Los monárquicos liberales que apoyaban a don Juan y propugnaban una política de evolución desde dentro, se sintieron decepcionados al ver desvanecerse sus esperanzas y algunos de ellos comenzaron a aproximarse a la oposición democrática. También los falangistas se sintieron decepcionados, aunque se consolaron pensando que la supervivencia del franquismo sin Franco facilitaría su propia supervivencia. Ni ellos ni los enemigos del régimen podían prever el papel que jugaría Juan Carlos en la transición a la democracia en 1976 y 1977.

La vía elegida para tal fin fue la reforma, en lugar de otras más radicales, máxime al constatar la tupida red de intereses ligados al pasado régimen y los esfuerzos necesarios para materializar sin violencias la alentadora promesa de Juan Carlos I de ser "rey de todos los españoles". En el verano de 1976, la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, facilitó la puesta en marcha de un proyecto pactado de reforma política que, en un año y con la estimable ayuda de Torcuato Fernández-Miranda (político y jurista que participó en el gobierno de Franco), desembocará en elecciones generales, una práctica olvidada en este país desde la etapa republicana.

El texto constitucional promulgado en diciembre de 1978, fruto del consenso de la pluralidad de fuerzas políticas, define a España como un Estado de derecho, democrático y social. A este tercer intento democratizador contemporáneo no le faltaron problemas: los sectores reacios al cambio se escandalizaron con "provocaciones" como la legalización del Partido Comunista, la reforma autonómica, la conflictividad social, la laicización y la crisis económica. El intento golpista del 23 de febrero de 1981 así lo demuestra, al igual que la inutilidad jurídica de pretender justificar actos como éste apelando al "estado de necesidad".

España. La 2ª República Española

Tras siglos de monarquía, se instaura en España la Segunda República con el apoyo de amplios sectores. La defensa de la democracia representativa, la soberanía popular, la aconfesionalidad del estado y la plena defensa de las libertades individuales y sociales constituían su principal bandera.

España después de la Primera Guerra Mundial

En 1918, España se regía, teóricamente, por una monarquía democrática. En la práctica,  ni los gobiernos ni el parlamento -Las Cortes- representaban a las principales fuerzas sociales en España. Las elecciones eran aún manipuladas por una oligarquía dominante. Los trabajadores, los campesinos y, en menor medida, el ejército, no tenían cabida alguna en el régimen. Trabajadores y campesinos tenían sus propios cauces de expresión a través del socialismo y el anarquismo; y el ejército intervenía en la política por medio de fluidas organizaciones conspiratorias de oficiales.

Grupos sociales y órganos de expresión

El Partido Socialista, fundado en 1879, se movía dentro de los mecanismos constitucionales en su lucha por el poder político; la Unión General de Trabajadores (UGT; 1888) de filiación socialista, constituía un movimiento reformista que creía en el progreso de la clase trabajadora a través de huelgas pacíficas, y considerando que el motor del cambio estaba en la educación (a principios de siglo el 63% de la población española era analfabeta) fundó las "Casas del Pueblo", centros de reunión y discusión, donde funcionaban bibliotecas circulantes. Su apoyo se encontraba principalmente en Asturias, la zona de Bilbao, de Madrid , de Valencia y de las zonas urbanas de la España occidental.

Después de la Primera Guerra Mundial, el Partido Socialista se vió ante la disyuntiva de adherir o no a la Tercera Internacional de Moscú. Por un estrecho margen rechazó las condiciones propuestas por Moscú, y ello provocó la escisión y la formación del Partido Comunista español.

Las doctrinas anarquistas alcanzaron mayor aceptación en España que en cualquier otra parte de Europa. Buscaban la libertad y, por tanto, la destrucción de todo tipo de autoridad, especialmente el Estado. Buscaban la espontaneidad, no la disciplina. Cataluña y Barcelona eran las zonas de mayor influencia  de la Confederación Nacional del Trabajo, organización de tipo descentralizada, que no contaba con funcionarios remunerados.

Existía una excesiva oferta de trabajo; el desarrollo industrial de España no era suficiente para absorber el exceso de población en las regiones con predominio agrícola.

El ejército era una institución poco común. El número de oficiales era excesivo y estaban mal remunerados. Los hijos de la clase media que nutrían el cuerpo de oficiales encontraban en el ejército seguridad, prestigio social y el sentimiento de pertenecer a un grupo elitista. Las fuerzas armadas, aunque poco apropiadas para intervenir en campañas exteriores, podían intervenir decisivamente en la política interna para restaurar el "orden" o para eliminar la corrupción, con el fin de configurar la "voluntad nacional"

La burguesía española estaba estrechamente integrada, social y económicamente, con la aristocracia terrateniente. El desarrollo industrial en los alrededores de Bilbao y barcelona había dado origen a una clase de ricos industriales que colaboraba con la oligarquía rural en el control de las instituciones financieras, mientras los grandes terratenientes invertían en la industria. Era improbable entonces, que se registrasen choques entre la alta burguesía industrial y la oligarquía terrateniente,porque en el más alto nivel formaban un único grupo de propietarios.

La pequeña burguesía integrada por profesionales, maestros, pequeños propietarios, pequeños comerciantes, constituían una clase propicia a alarmarse ante las amenazas dirigidas a su riqueza. Éstos oscilaban entre las esperanzas de reforma y renovación, y el temor a la subversión.

Otro grupo social importante lo constituía la Iglesia, institución grande, rica y poderosa que contaba con 80.000 sacerdotes, frailes y monjas. La Iglesia española, que se caracterizaba por un profundo conservadurismo, conservaba el control de la educación. En algunas zonas rurales, seguía siendo respetada por todas las clases sociales.

La dictadura de Primo de Rivera

La Primera Guerra Mundial había traído prosperidad a las regiones industriales españolas, e incluso a las zonas agrícolas. Después de la guerra decayó la demanda europea y los precios de los alimentos bajaron. Las reducciones salariales  y el desempleo  produjeron movimientos huelguistas que fueron reprimidos con violencia. La respuesta de los sindicalistas, fundamentalmente anarquistas, también fue violenta, y terminó con el aplastamiento del sindicalismo revolucionario, y la dictadura militar  del General Primo de Rivera en 1923, con la aquiescencia de los hacendados, y el apoyo del rey Alfonso XIII.

La dictadura de Primo de Rivera mostró cierta preocupación por el bienestar de los trabajadores, y contó con el apoyo de la UGT (socialista), al punto de que su secretario general, Largo Caballero fuese nombrado consejero de Estado. Para dirimir las disputas salariales se establecieron comités paritarios con igual representación de trabajadores y patronos, y un presidente nombrado por el gobierno. El emprendimiento de numerosas obras públicas, y la expansión internacional en los últimos años de la década de los '20 trajeron a España una prosperidad relativa. Pero rápidamente comenzaron a surgir voces de oposición: aspiraciones autonomistas, especialmente catalanas; las clases altas frente a las políticas sociales; los políticos de la época parlamentaria que se sentían excluídos del poder, el propio ejército, ante el ataque a la independencia llevado adelante por Primo de Rivera sobre el cuerpo de oficiales de artillería; y hasta el rey Alfonso XIII, que sintiéndose desplazado quería desligarse cuanto antes del dictador. Primo de Rivera viendo la situación, y ante la certeza de no contar con el apoyo del ejército, presentó su dimisión.

Los meses que siguieron a la caída de Primo de Rivera presenciaron los esfuerzos del rey Alfonso XIII  para conservar su trono.

En 1931, permitió se celebraran elecciones municipales confiando con que se produciría una demostración del sentimiento monárquico. Para sorpresa del monarca, las elecciones demostraron la ausencia de ese sentimiento: prácticamente todas las grandes ciudades votaron a los republicanos. Amenazaban grandes desórdenes si Alfonso XIII continuaba en el poder, y el ejército no dio ninguna señal de estar dispuesto a apoyar a la monarquía. En abril, el rey abdicó y abandonó España.

La República, que fue proclamada tras la abdicación, contaba inicialmente con el apoyo de los más importantes elementos de la sociedad española.

La historia de los años que transcurrieron entre 1931 y 1936, es la del fracaso de ese concenso.

La II República (1931 -1933)

Tras la partida del rey, el poder pasó a manos de un gobierno provisional integrado por republicanos moderados y socialistas bajo la presidencia  de Alcalá Zamora, un republicano católico. El gobierno afrontó inmediatamente los grandes problemas: el campo, la Iglesia, el ejército.

Largo Caballero -designado ministro de Trabajo- dirigió sus esfuerzos a proteger a los pequeños propietarios contra la extinción del derecho a redimir las hipotecas, autorizó a los municipios a obligar a los terratenientes a cultivar sus tierras y extendió la ley de accidentes de trabajo en la industria a los trabajadores del campo. Se prohibió el empleo de trabajadores eventuales para sustituir a los huelguistas.

El gobierno proclamó la libertad religiosa y elaboró un programa para desarrollar un sistema escolar estatal y laico, mientras anunciaba su intención de reducir el número de órdenes religiosas.

Manuel Azaña -Ministro de Guerra-  elaboró un proyecto para reformar el ejército; para esto propuso reducir el número de oficiales a la mitad. Consciente del peligro que una medida de ese tenor podía significar, trató de compensar el descontento ofreciendo retiros sorprendentemente generosos a los oficiales que estuvieran dispuestos a abandonar el ejército.

A fines de junio de 1931 tuvieron lugar las elecciones a Cortes, que se encargarían de redactar la Constitución. El resultado fue la victoria de los republicanos de izquierda y los socialistas. Las Cortes votaron una constitución democrática de corte moderno y progresivo.

La Constitución del 9 de diciembre de 1931, que definía a España como una "República de trabajadores de toda clase" en expresiva alusión a las contrapuestas percepciones de la realidad nacional, fue fruto de un laborioso consenso y uno de los escasos ejemplos del constitucionalismo español que implicaba una encendida defensa de la democracia representativa y de las libertades (soberanía popular, sufragio universal masculino y femenino, aconfesionalidad del Estado, derechos individuales y sociales).

Su parte más polémica fue el artículo 26, según el cual el Estado cesaría de contribuir a los sueldos de los sacerdotes; las órdenes religiosas podrían poseer sólo los bienes necesarios para cumplir sus funciones; todas las órdenes religiosas que pusieran en peligro al Estado serían disueltas (se referían específicamente a los jesuítas) y las órdenes religiosas tendrían que dejar de ocuparse de la enseñanza.

Todo ello acarreó al nuevo régimen la decidida hostilidad de la Iglesia, no solamente del Vaticano y de la jerarquía española, sino también de los párrocos en general.

La convicción gubernamental del reto que entrañaba elevar la España de la década de 1930 a la altura de las potencias occidentales de su entorno, inspiró una política reformista identificadora del talante dominante en este bienio. Entre las medidas reseñables cabe indicar el respeto a las autonomías regionales, otorgándole la misma a Cataluña y prometiendo a las provincias vascas un trato similar; la aplicación de una reforma agraria  que expropiaba grandes latifundios para ser redistribuidos en explotaciones individuales o colectivas; y la promulgación de leyes sociales como subsidios por enfermedad, jornada laboral de ocho horas, salario mínimo y salario vacacional.

Azaña presidió el mejor gobierno que España había tenido en los tiempos modernos. Pero tal gobierno se resintió de una grave debilidad, que acarrearía la ruina de la República: su incapacidad para impedir los desórdenes.

En 1931, los anarquistas expresaban sus sentimientos quemando iglesias y conventos; en julio y agosto de ese mismo año la CNT (tendencia anarquista) organiza violentas huelgas en Barcelona y Sevilla donde el gobierno usa a la artillería y resultan muertas 30 personas.

En agosto de 1933 en Sevilla, una parte del ejército intenta dar un golpe de estado para derrocar "la dictadura anticlerical de Azaña". El levantamiento estaba mal organizado y fue aplastado por el gobierno sin dificultad. Pero pese a que la amenaza militar seguía viva, los anarquistas no disminuyeron su hostilidad hacia el gobierno.

Estos sucesos contribuyeron a desacreditar  a la República frente a católicos y conservadores, a la par que crecía el resentimiento entre los trabajadores y campesinos. Los republicanos se debatían en un difícil equiibrio entre la violencia de derecha y la violencia de izquierda. En el verano de 1933, Azaña dimitió.

El intento restaurador (1933-1935)

Las elecciones se celebraron en noviembre y mostraron un claro giro hacia la derecha. La CEDA - Confederación Española de Derechas Autónomas- dirigida por Gil Robles obtuvo en alianza con los monárquicos un total de 150 escaños, mientras que los radicales de centro obtuvieron 100.

Los partidos republicanos de izquierda sufriendo un gran descalabro pasaron a tener 37 escaños en lugar de los 130 que tenían, mientras que los socialistas quedaron con 59, perdiendo casi la mitad de sus escaños. Los anarquistas, entre tanto, se abstuvieron de votar.

Con este panorama, el gobierno sólo podía apoyarse en los votos radicales y en los del CEDA. Bajo esta coalición tuvo lugar una rápida destrucción de las innovaciones progresistas introducidas entre 1931 y 1933.

Leyes y decretos furon revocados, suspendidos o ignorados.

Las órdenes religiosas volvieron a actuar como antes de 1931 y les fueron devueltas todas las propiedades que les habían sido incautadas.

Se suspendió la construcción de escuelas, y el Estado volvió a hacerse cargo de la retribución del clero.

Los jurados mixtos que fijaban los salarios fueron modificados para reducir los salarios.

Los anarquistas entretanto, mantuvieron su acción violenta provocando revueltas aplastadas por el gobierno. En la revuelta de Aragón fueron asesinados 67 miembros de la CNT.

La UGT, dirigida por Largo Caballero, propuso a la CNT crear un frente común de trabajadores, pero ésta última se negó, pese a lo cual participaban juntas en las mismas huelgas.

Los socialistas por su parte, resolvieron que la entrada en el gobierno de la CEDA significaría el fin de los avances conseguidos, y constituiría la señal para iniciar la revuelta.

El 4 de octubre de 1934 Lerroux (centro) formó un nuevo gobierno con miembros de la CEDA. En Barcelona, Madrid y Asturias surgieron las revueltas. Companys, dirigente de la Esquerra, un movimiento catalán de laizquierda republicana, proclamó la independencia de Cataluña en el seno de la federación española. Actuó sin el respaldo de la CNT y port anto se vio privado del apoyo de las masas; la revuelta fue aplastada por la guarnición local, y sus dirigentes fueron encarcelados.

En Madrid la revuelta fue un fracaso, en tanto en Asturias cpnstituyó una guerra social a gran escala. La unión de los sindicatos anarquista y socialista, sumada a la participación de comunistas que propugnaban por un frente común, hizo posible una acción combinada con éxito.

Los generales Franco y Godet, a quienes se les había encomendado la represión, trajeron tropas de Marruecos para luchar contra los rebeldes. Se montó una campaña a gran escala en la que apenas se hicieron prisioneros en la lucha. Tras ésta, los guardias civiles y los legionarios fusilaban a los sospechosos y aplicaban métodos de tortura indagando el paradero del armamento escondido.

Este episodio terminó con 40.000 personas encarceladas y una cifra de muertos que oscila entre 1.000 y 5.000.

El prestigio de los generales y del ejército creció sensiblemente entre los sectores dominantes.

En 1935, la violenta vida política española se vio conmocionada por un escándalo. Se descubrió que un empresario de salas de juego había sobornado a varios de los más cercanos colaboradores del primer ministro radical Lerroux. Esto hizo imposible la continuación de los radicales en el gobierno. Este hecho dejaba las puertas abiertas para el ingreso sin restricciones de la CEDA. El presidente Alcalá Zamora, ante la convicción de que la presencia de Gil Robles como primer ministro era incompatible con la supervivencia de la República, decidió disolver las Cortes y llamó a elecciones.

La victoria del Frente Popular y el proceso hacia la Guerra Civil

Las elecciones de febrero de 1936 tuvieron como protagonistas a dos coaliciones: a la derecha, el acuerdo electoral entre el CEDA, los monárquicos, los carlistas y los agrarios (partido de los terratenientes); y a la izquierda el Frente Popular, integrado por socialistas, demócratas, radicales (escindidos de Lerroux), la izquierda separatista catalana y los comunistas.

Los anarquistas y anarcosindicalistas no participaron del Frente Popular pero decideron apoyarlo debido a lo sucedido en Asturias, y a la promesa de amnistía para los numerosos militantes de la CNT que aún estaan encarcelados.

La victoria fue entonces para el Frente Popular, que obtuvo 278 escaños, contra 134 de la derecha.

El gobierno de Azaña fue democrático y liberal, pero no pudo resolver el problema de que los diferentes extremos se desbordaran.

En el suroeste de España el campesinado se apoderó de los terrenos baldíos pertenecientes a los terratenientes, mientras el gobierno reemprendía un proceso más ordenado para establecer a familias campesinas en territorios expropiados.

La convicción de que el gobierno era incapaz de defender el orden y la propiedad cundió entre la clase alta. Los temores de la derecha generaron un movimiento hacia la violencia, ganando terreno el monárquico Calvo Sotelo, y la Falange, organización fascista acaudillada por el hijo del dictador Primo de Rivera.

Azaña, previendo la amenaza militar, realizó sucesivos traslados de oficiales, que efectivamente retrasaron el levantamiento.

En una dinámica de ascendente crispación, el asesinato del dirigente de extrema derecha José Calvo Sotelo ocurrido el 13 de julio (motivado a su vez, por el asesinato de un republicano) genera una alteración en los planes estratégicos del general Emilio Mola y demás conspiradores antirrepublicanos y el adelantamiento del golpe militar al 18 de julio. Este será el inicio de la Guerra Civil, que culminó con la victoria franquista en abril de 1939, punto final de la azarosa experiencia republicana y puerta de acceso a cuatro décadas de autoritarismo y poder personal en España.

Arquitectura contemporánea. España: Gaudí / Racionalismo español

Arquitectura española

Antonio Gaudí

Una mención aparte merece el arquitecto catalán Antonio Gaudí (1852-1926), el cual fue  uno de los máximos representantes del modernismo y uno de los principales pioneros de las vanguardias artísticas del siglo XX. Su figura es una de las más sorprendentes de la historia de la arquitectura, tanto por sus innovaciones, en apariencia intuitivas, como por su práctica aislada de las corrientes internacionales e imbuida a menudo en el mero trabajo artesanal.

Al igual que sus coetáneos Victor Horta o Henry van de Velde, practicó la arquitectura desde una concepción globalizadora, esmerándose en la concreción de cada detalle y proponiendo el mobiliario completo de cada vivienda que proyectaba.
Entre sus piezas más relevantes se encuentran el sillón Calvet, la bancada del Parque Güell así como la silla y el banco Batlló, donde su exuberante genio se alió a las exigencias ergonómicas en una armonía insólita, que anticipó en más de medio siglo las innovaciones del diseño moderno.

Por otra parte, su obra ejerció innumerables influencias sobre las vanguardias históricas, entre las que destacan los paralelismos con el expresionismo alemán y la herencia recogida por Salvador Dalí y otros artistas del surrealismo.

Su desconcertante personalidad destaca en la historia de la arquitectura como la de un visionario, que inspiró el camino estructuralista de Pier Luigi Nervi o de Félix Candela tanto como el brutalismo expresionista de las últimas obras de Le Corbusier. Sin embargo, su obra fue menospreciada por sus compatriotas noucentistas, defensores de un catalanismo basado en la cordura antes que en la aparente locura del genio mediterráneo.

El racionalismo español

Los primeros pasos que significaron una ruptura con el historicismo de las primeras décadas del siglo XX en España, vinieron dados por la llamada generación del 25, cuyo máximo exponente fue el arquitecto Fernando García Mercadal. Con la instauración de la II República en 1931 se creó un clima favorable al desarrollo del racionalismo arquitectónico, intensificándose los contactos con los miembros de la vanguardia europea y la participación en los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, iniciados en 1928).

 El racionalismo español se tradujo en un cierto despojo formal de las fachadas o en la introducción de elementos del lenguaje del llamado International Style.

Madrid y Barcelona fueron los principales focos. Las principales figuras racionalistas de Madrid fueron: Fernando García Mercadal, Felipe López Delgado, Luis Blanco Soler, Agustín Aguirre, Miguel de los Santos, Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas. Casi todos trabajaron en la Ciudad Universitaria de Madrid, que se convirtió en el conjunto más significativo de aquel periodo.

López Delgado

 En Barcelona destacaron Josep Lluís Sert, Sixte Illescas, Germán Rodríguez Arias, Ramón Durán Reynals y Josep Torres Clavé. Junto a ellos cabe reseñar la excepcional figura de José Manuel Aizpúrua en San Sebastián.

José Manuel Aizpurúa

Estos arquitectos, adheridos al movimiento moderno, fundaron en 1930 el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y publicaron sus controvertidos artículos en la revista AC, su órgano de difusión. Es importante señalar la especial relación de esta generación con Le Corbusier, así como la aparición de la obra de Aizpúrua en el mítico libro The International Style publicado en 1932 por Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson.

Tras la Guerra Civil española, a la que se sumó la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura española contemporánea perdió algunas de sus figuras más representativas y atravesó un periodo de crisis que, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, no comenzó a despejarse hasta la década de 1950.