viernes, 23 de agosto de 2013

España 1975. El final del Generalísimo


El 20 de noviembre de 1975, fecha que curiosamente coincidió con el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, murió el General Francisco Franco.
 Mientras miles de españoles desfilaron ante su féretro, otros no ocultaron su alivio por el fin de la larga dictadura de casi cuarenta años. Dos días después, Juan Carlos de Borbón juró como rey, iniciando la larga transición hacia la democracia.
La confluencia en la década de 1970 de factores negativos para el régimen de muy variopinta procedencia (crisis energética, huelgas y oposición antifranquista, terrorismo, problemas saharianos), acabó por descomponer un orden obsesionado con su permanencia. La larga agonía del general Franco, simbolizó el agotamiento del sistema, pese a que pocos podían prever que habría una transición hacia la democracia.
 
 La izquierda española se encontraba dividida entre sectores radicales que utilizaban prácticas terroristas (ETA), y sectores más moderados que intentaban una salida más progresiva y amplia hacia la democracia. En la derecha, en tanto, el temor de lo que ocurriría cuando Franco muriese afectó a los diferentes sectores de las fuerzas del régimen de manera distinta. Los grupos falangistas -atrincherados en la burocracia estatal y sindical, la Policía y la Guardia Civil- beneficiados y enriquecidos con el régimen estaban dispuestos a defender hasta las últimas consecuencias la dictadura, mientras un sector aperturista, constataba que los notables cambios sociales y económicos de los diez años anteriores habían convertido las estructuras políticas del franquismo en algo totalmente anticuado, y querían liberalizar lo suficiente para permitir que el régimen sobreviviera. Los aperturistas deseaban adaptar las formas políticas del régimen a uno de los aspectos, al menos, de la cambiante realidad española, es decir, el surgimiento de un capitalismo a gran escala, tanto nacional como multinacional, fuerza económica dominante del momento.
El retorno de la monarquía española -prometida por Franco- fue consecuencia de un proceso que se inició el 12 de octubre de 1975, con los primeros rumores sobre la salud de Franco. Las informaciones oficiales eran incompletas y tardías, pero de todas formas permitieron saber que la gripe que padecía se había complicado con alteraciones cardíacas. Esto no doblegó al dictador que, a pesar de su estado, decidió continuar presidiendo el Consejo de Ministros, conectado a un monitor que registraba su situación cardiovascular. Su estado se complicó con un edema pulmonar y hemorragias digestivas que obligaron a practicarle una operación, de vida o muerte. Ante la gravedad de la situación se pusieron en marcha los mecanismos sucesorios, que debieron vencer la oposición de quienes se negaban a que Franco, incluso moribundo, cediera sus poderes al príncipe de España. Franco pasaría por dos operaciones más, además de un proceso de hipotermia para alargarle artificialmente la vida. Finalmente, la muerte llegó el 20 de noviembre, luego de cerca de 40 años de ostentar el más absoluto de los poderes.
Muerto Franco y ante la sorpresa internacional, España experimentó el tránsito, atípico en la forma y en el fondo, de un régimen autoritario a una monarquía democrática desde la legalidad corporativa franquista. Autodisueltas las viejas Cortes y encauzada por el monarca la nueva situación, comenzó un largo y complejo periodo de transición política, donde se conjugaron circunstancias favorables ni siquiera barajadas por sus protagonistas. Esta combinación de preparación y suerte, maquinación y casualidad permitió, precisamente desde el respeto a la legalidad, romper la legitimidad anterior y sacar adelante el complicado reajuste político.

El nombramiento del príncipe Juan Carlos como rey, fue recibido con satisfacción en los círculos franquistas, que veían que de este modo se habían tomado finalmente las medidas definitivas para garantizar la continuidad del régimen. Los monárquicos liberales que apoyaban a don Juan y propugnaban una política de evolución desde dentro, se sintieron decepcionados al ver desvanecerse sus esperanzas y algunos de ellos comenzaron a aproximarse a la oposición democrática. También los falangistas se sintieron decepcionados, aunque se consolaron pensando que la supervivencia del franquismo sin Franco facilitaría su propia supervivencia. Ni ellos ni los enemigos del régimen podían prever el papel que jugaría Juan Carlos en la transición a la democracia en 1976 y 1977.
La vía elegida para tal fin fue la reforma, en lugar de otras más radicales, máxime al constatar la tupida red de intereses ligados al pasado régimen y los esfuerzos necesarios para materializar sin violencias la alentadora promesa de Juan Carlos I de ser "rey de todos los españoles". En el verano de 1976, la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, facilitó la puesta en marcha de un proyecto pactado de reforma política que, en un año y con la estimable ayuda de Torcuato Fernández-Miranda (político y jurista que participó en el gobierno de Franco), desembocará en elecciones generales, una práctica olvidada en este país desde la etapa republicana.
El texto constitucional promulgado en diciembre de 1978, fruto del consenso de la pluralidad de fuerzas políticas, define a España como un Estado de derecho, democrático y social. A este tercer intento democratizador contemporáneo no le faltaron problemas: los sectores reacios al cambio se escandalizaron con "provocaciones" como la legalización del Partido Comunista, la reforma autonómica, la conflictividad social, la laicización y la crisis económica. El intento golpista del 23 de febrero de 1981 así lo demuestra, al igual que la inutilidad jurídica de pretender justificar actos como éste apelando al "estado de necesidad".

LA ERA DE LAS DICTADURAS MILITARES EN AMÉRICA LATINA



La profundización de la crisis económica en Latinoamérica que se venía arrastrando de fines de los años '50, provocó especialmente en el Cono Sur, un viraje en su historia política.
Se iniciaría en la década de los años '70 la era de las dictaduras militares.
 



La instauración de regímenes militares en el Cono Sur, a partir de 1964 determinó una profunda transformación de su historia política. Se puso fin al periodo de movilizaciones sociales que le antecedieron y que significaron un crecimiento inusitado de sectores sociales y populares. Crecimiento que derivó en algunos países como Uruguay y Argentina en movimientos de guerrilla urbana cuyo objetivo era impulsar una revolución social por esa vía.

Estos regímenes, apoyados por las Fuerzas Armadas se caracterizaron por su afán desmovilizador y su represión exacerbada en contra de la disidencia política.
En Argentina, Chile y Uruguay esta represión comenzó inmediatamente a la usurpación violenta del poder y el derrocamiento de los gobiernos constitucionales. Brasil tuvo su represión más cruda al finalizar la década de los años sesenta cuyo objetivo era aplastar los focos guerrilleros que se habían levantado durante los cuatro años anteriores de dictadura. Argentina y Chile fueron los países en los que se vivió la represión clandestina de manera más violenta. En Uruguay la represión se caracterizó por ser más selectiva y dirigirse principalmente a un control de la sociedad civil impidiendo la apertura de canales de participación. Pero fue la dictadura del General Stroessner en Paraguay (1954-1989) el modelo articulador para el resto de las dictaduras latinoamericanas. Éste fue elogiado por sus análogos y por el gobierno norteamericano, al resaltar su capacidad para mantener la "paz social a cualquier costo", en otras palabras, por su eficacia en el control de la subversión.

Pese a esta diferencia en el mayor o menor grado de represión, lo cierto es que todos ellos redundaban en ciertas características comunes: su incapacidad política para dotarse de bases de legitimidad que les permitiera crear una forma de Estado diferente de la democracia política; sus violaciones reiteradas y persistentes a los derechos humanos producto de la implementación de una metodología represiva sistemática y a gran escala. Estas violaciones a los derechos fundamentales teñidas del carácter ideológico que imponía la eliminación de toda disidencia política, y se materializaron a través de diferentes figuras delictivas tales como detenciones ilegales y secuestros, seguidas en la mayoría de las ocasiones de homicidios, asesinatos y desapariciones forzadas, previa tortura de las víctimas, todas ellas propias de las prácticas del terrorismo de Estado. Otra característica común fue una marcada cooperación a nivel internacional en el control y en la eliminación de la disidencia política, cuyo blanco principal era la izquierda política, en especial los Partidos Comunistas y Socialistas, amén de los focos guerrilleros.

Desde el punto de vista económico, los gobiernos militares, asesorados por técnicos de ideas neoliberales, procedieron a cierta apertura de la economía al exterior, procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado. El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores populares y la clase media.

El escritor y político mexicano Carlos Fuentes en su introducción al Informe de la Comisión Latinoamericana y del Caribe a la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague; 1995) exponía la situación actual de los países retrotayéndose a dicho periodo histórico.
Según Fuentes, tanto los Estados nacionales como los sectores productivos crecieron notablemente a partir de la primera guerra mundial; lo que no creció fue el acceso al crédito, la asistencia técnica, la inversión en capital humano, y medidas compensatorias hacia los sectores de la pobreza extrema y grupos vulnerables.
En estos años, durante la Guerra Fría, las políticas sociales fueron confundidas con las políticas del comunismo soviético, y satanizadas, en consecuencia.
Las sociedades exigían reformas. Los poderes políticos y económicos las obstruían. Las doctrinas de la seguridad continental paralizaron múltiples iniciativas de cambio que buscaban mayor igualdad, mejor distribución, un grado superior de justicia.
Los Estados nacionales de Latinoamérica, agobiados por las demandas insatisfechas de obreros, campesinos, el sector cultural, empresarios, militares y acreedores extranjeros, sucumbieron, en muchos casos, a las dictaduras castrenses, a la necesidad de purgas macroeconómicas en seguida y, finalmente, a la consagración democrática.
En la década de los ochenta, la crisis económica redujo drásticamente el poder adquisitivo, retrajo los salarios reales a los niveles de 1960, aumentó el desempleo, la malnutrición y la mortalidad infantil, disminuyó el gasto y los servicios sociales y, generalizó la pobreza. Para Carlos Fuentes, no fue sólo el efecto de una crisis financiera, sino la consecuencia del aplazamiento de reformas indispensables.
La mayoría de los países latinoamericanos, con una pesada carga de endeudamiento externo, y un contexto internacional diferente, fueron de diversas formas, restaurando sus respectivas democracias.

Las dictaduras latinoamericanas han reducido su alcance en los años recientes. Apenas quedan algunos débiles amagos de reinstalar a los caudillos autoritarios. Lino Oviedo intentó en Paraguay deponer a Juan Carlos Wasmosy y fue rechazado por el pueblo. No le ha quedado sino escoger el camino de las urnas para llegar a la Presidencia.
Sin embargo, hay algunos síntomas débiles de reimponer dictaduras o de resistir a la autoridad civil. El almirante Mauro César Pereira, rechazó el intento del Presidente Fernando Henrique Cardoso de pasar una ley que indemnice a las familias de los desaparecidos durante las dictaduras brasileñas. En los 90 en Honduras hay ruido de sables y amagos de golpe; el ejército ha sacado los tanques a la calle en varias ocasiones. El golpe contra Aristide, en Haití en 1991, fue seguido de su restitución, mediante las bayonetas estadounidenses. En El Salvador se alcanzó la paz en 1992, después de treinta años de guerra contra regímenes militares con fachada civil. En Perú se adivina el puño castrense detrás del impasible Fujimori, pero éste, al menos, retiene el mando visible.

El caso chileno: El gobierno socialista de Salvador Allende y el golpe de estado militar

Con el ingreso a la década del sesenta, los pueblos latinoamericanos fueron conociendo los límites de un modelo de crecimiento y distribución que perdía su dinámica y se manifiestaba incapaz de incorporar a amplios sectores populares. Es entonces, en el marco mundial de la Guerra Fría, en donde se inicia un periodo de confrontación y de luchas sociales y políticas.

sábado, 17 de agosto de 2013

1973. La guerra del Yom Kippur



6 de octubre de 1973. Fecha de Yom Kippur. El día de ayuno sagrado para los judíos, Egipto y Siria iniciaron una ofensiva por sorpresa sobre Israel para recuperar los territorios que habían perdido en 1967 tras la Guerra de los Seis Días. El conflicto tendrá importantes repercusiones y tardará mucho tiempo en resolverse.

La guerra del Yom Kippur y sus repercusiones
Tres años de relativa calma en las fronteras fueron destrozados en Yom Kippur (Día de la Expiación), el más sagrado día del año judío, cuando Egipto y Siria lanzaron un sorpresivo ataque coordinado contra Israel el 6 de octubre de 1973, para recuperar los territorios que habían perdido en 1967 tras la Guerra de los Seis Días, cruzando el ejército egipcio el Canal de Suez, y penetrando las tropas sirias en los Altos del Golán.
Durante las siguientes tres semanas, las Fuerzas de Defensa de Israel invirtieron el sentido de los combates y repelieron a los atacantes, cruzaron el Canal de Suez hacia territorio egipcio y avanzaron hasta 32 km. de la capital siria, Damasco.
El Ejército israelí venció a sus atacantes pero a costa de muchas bajas y de que las fuerzas árabes se granjearan el apoyo de la URSS y de la mayor parte de los países en vías de desarrollo.
Arabia Saudita y Kuwait financiaron al ejército árabe, haciendo posible que Egipto y Siria recibieran las armas soviéticas más sofisticadas, y los Estados árabes productores de petróleo iniciaron el embargo de sus exportaciones de crudo a Estados Unidos y a otros Estados occidentales como represalia por su ayuda al Estado judío.
Israel, con la ayuda financiera y militar de Estados Unidos pudo hacer que se equilibrara la balanza, pero ni siquiera la ayuda estadounidense pudo sacar a la economía de Israel del espiral descendente en la que se hallaba.
Richard Nixon encargó a su secretario de Estado Henry Kissinger la tarea de negociar los acuerdos de paz entre Israel por un lado y Egipto y Siria por otro. En 1974, Kissinger consiguió la retirada militar de Israel y Egipto del Sinaí, y de Israel y Siria de los Altos del Golán.
 A la guerra del Yom Kippur siguieron crecientes disturbios en Israel y constantes críticas a sus dirigentes políticos.
Entre los resultados del "terremoto" (así se denominó a los sucesos de 1973) una comisión de investigación, dirigida por el presidente del Tribunal Supremo de Israel, fue muy crítica con los mandos del Ejército debido a su modo de dirigir la guerra. El descontento generalizado llevó a la dimisión de la primera ministra, Golda Meir, y de su gabinete en abril de 1974. Meir (que había sido la sucesora de Eskhol en 1969) fue sustituida por Isaac Rabin.
Rabin fue incapaz de detener la inflación y el deterioro de la economía y su reputación quedó dañada al descubrirse que él y otros miembros del Partido Laborista estaban involucrados en transacciones financieras ilícitas. Como resultado de esto, la Alineación Laborista perdió las elecciones a la Kneset de 1977. Menachem Begin, el nuevo primer ministro, encabezó el movimiento Likud, bloque formado en 1973 por grupos nacionalistas que se oponían a cualquier concesión territorial a los árabes.
El gobierno de Begin
El programa económico de carácter liberal de Begin no consiguió evitar el aumento de la inflación y que continuara el deterioro de la economía, causado en gran parte por la escalada de los gastos militares. Sin embargo, Begin fue el primer dirigente de Israel que firmó un acuerdo de paz con un Estado árabe.
Esto fue el resultado de una iniciativa sorpresa del presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, que, en noviembre de 1977, voló hasta Jerusalén, se dirigió a la Kneset y solicitó a Begin que se iniciaran conversaciones de paz. Tras largas y arduas negociaciones ante la presencia del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter en Camp David (Maryland), se firmó finalmente el tratado de paz egipcio-israelí en la ciudad de Washington, el 26 de marzo de 1979.
Aunque el tratado puso fin a las posibilidades de guerra entre Egipto e Israel, quedaron muchos temas pendientes por solucionar entre ambos Estados, entre ellos el problema de disponer la autonomía árabe en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.
Israel en la década de 1980
El Likud ganó por un estrecho margen en las elecciones de junio de 1981 y Begin fue reelegido primer ministro. Poco antes, Israel había inquietado a la comunidad internacional al enviar bombarderos para destruir un reactor nuclear que se estaba construyendo cerca de Bagdad (Irak) alegando que éste se estaba construyendo con la intención de producir armas nucleares para ser utilizadas posteriormente contra Israel.
La anexión de los altos del Golán, que tuvo lugar en el mes de diciembre de ese mismo año, hizo que las relaciones exteriores de Israel se volvieran tensas con países con los que

1973. La crisis del petróleo



En 1973 se produce la segunda gran conmoción mundial después de la caída de la bolsa en 1929. La crisis del petróleo provocada por el aumento del precio del barril, se tradujo en recesión y crisis en todo el mundo occidental.

LA CRISIS DEL PETRÓLEO DE 1973
 El conflicto acerca de la regulación de precios del crudo entre las transnacionales y los países petroleros organizados en torno a la OPEP (Organización Países Exportadores de Petróleo), se resolvió en 1973, cuando las trasnacionales perdieron el poder de fijar los precios.


La breve guerra árabe-israelí de octubre condujo a un embargo de las ventas de crudo árabe a Israel y sus aliados. El aumento de la demanda  condujo a nuevas alzas y el 16 de octubre, en Kuwait, la OPEP decidió, por primera vez, fijar ella los precios. A fin de año el barril ya costaba 11,65 dólares.
En 1974, se consolidaron las conquistas de los países petroleros, que recibieron la solidaridad unánime del Tercer Mundo en su lucha por la recuperación del poder adquisitivo de sus riquezas, después de 14 años de precios congelados. Pero también empezaron las campañas anti OPEP de los países industrializados.


Directamente relacionada con el mercado petrolero, la situación mostraba el serio enfrentamiento de los países árabes con los Estados Unidos, debido al apoyo de éste a Israel. Los árabes exigían que se les devolviera los territorios ocupados tras "la Guerra de los Seis Días". De esta forma, la posición norteamericana le valió un embargo petrolero por el cual, los países productores del Oriente Medio dejaron de proveerlo del vital consumo energético.

Mientras las acciones, tanto militares como diplomáticas, se ejecutaban en el hemisferio norte y en EEUU se sustanciaba el escándalo "Watergate", en el sur las cosas tampoco estaban tranquilas.
La economía mundial se contrajo violentamente: se redujo el comercio, creció la inflación, tambalearon las divisas, subieron las tasas internacionales de interés. La recesión se instaló y demandó más de una década superar el choque violento de la primera crisis petrolera, a la que se sumó una segunda en 1979. La situación se agravó en el resto de los países del Tercer Mundo, que tenían una economía dependiente de las grandes metrópolis, y pese al apoyo otorgado a la OPEP, no lograron concretar precios preferenciales para sus países. Un problema para concretarlo era que la distribución en dichos países estaba en manos de los

sábado, 10 de agosto de 2013

1972. Domingo sangriento en Belfast. El conflicto irlandés.


La discriminación contra los católicos irlandeses llegó a extremos con la encarcelación -sin juicio previo- de todo sospechoso de pertenecer al IRA. Estos hechos tendrán su punto más dramático un domingo de enero de 1972 en Belfast: la leyenda del "Bloody Sunday", el domingo sangriento, 

Con este hecho se inicia una década de violencia continua entre los grupos beligerantes.

Introducción

Los orígenes del conflicto
Los enfrentamientos en Irlanda del Norte comenzaron en la década de 1960, pero sus orígenes se remontan hasta el siglo XVI, cuando la reina Isabel I consolidó el dominio de Inglaterra sobre Irlanda en medio de la gran revolución religiosa en Europa.
La Reforma dividió al continente en países católicos y protestantes y añadió el factor religioso a las relaciones entre Irlanda -que permaneció mayoritariamente fiel a la Iglesia de Roma- e Inglaterra, cuya población se convirtió en su mayoría al nuevo credo.
El temor a que Irlanda se aliara con potencias católicas como España y Francia, y que constituyese una grave amenaza para Inglaterra hizo que Isabel I enviara colonos protestantes ingleses y escoceses al Ulster -una provincia histórica irlandesa situada en el extremo noroeste de la isla- en un intento de controlar y pacificar el país. La Reina estableció además unas restricciones para la población católica nativa: la misa se debía celebrar en secreto, el sacerdocio fue prohibido y el derecho a la propiedad de la tierra restringido. Estas discriminaciones no fueron abolidas hasta la Emancipación Católica de 1829.

Las divergencias entre ambas sociedades afloraron durante la Hambruna Irlandesa (1845-1849), causada por la pérdida de la cosecha de patata, alimento básico del país. Aunque la población moría de hambre, se impuso el mantenimiento de las exportaciones de comida a Gran Bretaña. La hambruna dejó a Irlanda diezmada y resentida, y millones de personas tuvieron que emigrar en busca de una vida mejor.
Sin embargo, los más favorecidos por la unión fueron los protestantes de Irlanda del Norte. Además de ser los principales terratenientes, también les pertenecía la zona más industrializada del país y les era muy provechosa la asociación con una de las grandes potencias del mundo. La agricultura estaba más desarrollada en esta región, por lo que los protestantes se vieron menos afectados por la hambruna que los católicos.

domingo, 4 de agosto de 2013

1972. El caso Watergate




Un robo inexplicado paralizó al gobierno de los Estados Unidos y abrió la caja de Pandora de los secretos de la Casa BIanca. Por primera vez en la historia del país un presidente es obligado a renunciar y sus asesores más cercanos son enviados a prisión.



Complejo Watergate

EL CASO WATERGATE


Watergate, fue el nombre dado al mayor escándalo político estadounidense, iniciado con el allanamiento e intervención de las líneas telefónicas del cuartel general electoral del Partido Demócrata, que sirvió para acusar posteriormente al presidente Richard Nixon y a muchos de sus colaboradores de haber llevado a cabo una serie de actos ilegales. El escándalo culminó con la primera dimisión de su cargo efectuada por un presidente de Estados Unidos.


Por entonces, el presidente Richard Nixon, abanderado de los republicanos, parecía destinado a obtener una fácil victoria sobre el candidato demócrata, el senador George McCovern.
Aun cuando uno de los asaltantes resultó ser James McCord, un agente de seguridad del Comité para la Reelección del Presidente (CRP), Nixon aseguró que "la Casa Blanca no estaba de ninguna manera involucrada en esto". Pero Lawrence F. O'Brien, director nacional de los demócratas, denunció que el asalto era "un descarado acto de espionaje político" y demandó al CRP por un millón de dólares. Más y más líneas de investigación Ilevaban hacia la Casa Blanca.

El allanamiento fue cometido el 17 de junio de 1972 por cinco hombres que fueron detenidos en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en el edificio Watergate de la ciudad de Washington.
Con el paso del tiempo, su arresto reveló un plan de espionaje promovido por la Casa Blanca contra sus oponentes políticos, que implicó a altos cargos del país, como el antiguo fiscal general John Mitchell, el consejero presidencial John Dean, el jefe de Personal de la Casa Blanca H. R. Haldeman, el asesor especial de la Casa Blanca para Asuntos Nacionales John Ehrlichman y el propio presidente Nixon.

El 9 de mayo de 1969, pocos meses después de la primera toma de posesión de Richard Nixon, éste se enfureció cuando el diario The New York Times informó que los Estados Unidos bombardeaban en secreto bases norvietnamitas en Laos y Camboya.
Se ordenó intervenir los teléfonos de los sospechosos de dar esta información. Dos años después, el 13 de junio de 1971, el mismo diario publicó fragmentos de un informe confidencial del Pentágono acerca del papel de los Estados Unidos en Vietnam. Era claro que alguien del gobierno entregó el estudio de 7.000 páginas, pues sólo existían 15 ejemplares. Luego se supo que el informe fue entregado por Daniel Ellsberg, un exanalista que trabajaba en el Departamento de Defensa.
Decidido a que las deliberaciones privadas de su administración no se ventilaran públicamente, Nixon habló con sus dos asesores más allegados, H.R. Haldeman y John D. Ehrlichman. Ordenaron a Egil Krogh, asistente de Ehrlichman, que formara un grupo secreto encargado de "tapar goteras", que se Ilamaron a sí mismos "plomeros". Hunt y un fiscal de provincia aficionado a las armas Ilamado G. Gordon Liddy se unieron a este proyecto, pero fallaron en su primera misión. Queriendo desacreditar a Daniel Ellsberg, contrataron a cubanos anticastristas para que entraran a la oficina de su psicoterapeuta, pero los ladrones no hallaron el expediente de su tratarniento.

El 30 de abril de 1973, Nixon aceptó la dimisión de Haldeman y Ehrlichman, y anunció el cese de Dean. El procurador general Richard Kleindienst también presentó la dimisión. Su sucesor, Elliot Richardson, nombró un procurador especial, Archibald Cox, para que dirigiera una investigación sobre las escuchas del Watergate.

En mayo de 1973 el Comité del Senado sobre Actividades Presidenciales inició las comparecencias, que dieron como resultado una serie de asombrosas revelaciones. Dean testificó que Mitchell ordenó el allanamiento y que se había intentado encubrir la implicación de la Casa Blanca. Además, manifestó que el presidente había autorizado el pago a los asaltantes para que guardaran silencio. La administración Nixon negó vehementemente esta acusación.

Las cintas magnetofónicas de la Casa Blanca

El 16 de julio de 1973, Butterfield, asesor de la Casa Blanca, testificó que Nixon había ordenado la instalación en la Casa Blanca de un sistema para grabar automáticamente todas las conversaciones; de este modo podría ser verificado lo que el presidente hubiera dicho. 
Cox exigió la entrega inmediata de ocho grabaciones, que confirmarían el testimonio de Dean. Nixon se negó a entregarlas y el sábado 20 de octubre de 1973 ordenó a Richardson que cesara a Cox. Richardson presentó su dimisión y fue el fiscal general del Estado quien cesó a Cox. La destitución provocó la unánime protesta de la opinión pública. En respuesta, Nixon nombró otro procurador especial, Leon Jaworski.


De las nueve cintas requeridas por los investigadores, Nixon sólo entregó siete, una de las cuales tenía un lapso de silencio de 18 minutos. La leal secretaria presidencial, Rose Mary Woods, afirmó haber borrado sin querer esa parte al poner el pie en un botón de control. Pero cuando trató de demostrar lo ocurrido a los periodistas, no pudo hacerlo. Las cintas tenían otras interrupciones que, en muchos casos, fueron aumentadas electrónicamente por expertos en sonido. Así, suficiente material incriminatorio se hizo audible y uno de los abogados de Nixon, al oír las cintas por primera vez, murmuró: "Se acabó todo."

Nixon estaba grabado en una discusión del encubrimiento hecha el 23 de iunio de 1972, sólo seis días después del robo y mucho antes de lo informado por John Dean. En julio de 1974, la Suprema Corte de Justicia afirmó, por unanimidad, el derecho de la corte a oír las demás cintas. El Comité Judicial, que inició una investigación de inculpación, recibió 19 cintas, pero pidió 42 más, con conversaciones sostenidas entre junio de 1972 y junio de 1973.

Durante el proceso de inculpación, Nixon fue el primer presidente que recibió un citatorio del comité. La Casa Blanca entregó las cintas y una transcripción de unas 1 200 páginas. Nixon explicó que, debido al lenguaje vulgar y asuntos de seguridad nacional, la transcripción era más una versión editada que un recuento textual. Cuando se supo cuánto se había editado y se comparó la transcripción con las cintas, su credibilidad se desgastó aún más. El comité, luego de audiencias públicas, votó el 30 de iulio de 1974 a favor de transmitir a la Cámara de Diputados tres causas de inculpación (impeachment): obstrucción de justicia, abuso de poderes presidenciales e intento de impedir el mismo proceso de inculpación.


En marzo de 1974, el Gran Jurado acusó a Mitchell, Haldeman, Ehrlichman y otros cuatro funcionarios más de la Casa Blanca de participar en el encubrimiento del caso Watergate y consideró a Nixon como 'conspirador sin encausar'. El Tribunal Supremo ordenó a Nixon la entrega de la totalidad de las grabaciones.

Más revelaciones

Tan pronto como el escándalo Watergate salió a la luz, fueron develadas una serie de actividades ilegales paralelas: desde 1971 un grupo perteneciente a la Casa Blanca, había intentado obstaculizar las filtraciones de información a los medios de comunicación. El Gran Jurado acusó a Ehrlichman, al consejero especial de la Casa Blanca, Charles Colson y a otros funcionarios de irrumpir en el despacho de un psiquiatra a fin de obtener documentos para ser utilizados en contra de Daniel Ellsberg, quien había publicado los denominados 'papeles del Pentágono'.

Además, los investigadores descubrieron que la administración Nixon había solicitado grandes cantidades de dinero durante una campaña ilegal de donativos (utilizadas para financiar el espionaje político y para pagar más de 500.000 dólares a los asaltantes del edificio Watergate) y que ciertos funcionarios gubernamentales habían mentido sistemáticamente sobre su participación en la intervención de las comunicaciones y en el posterior encubrimiento de los hechos. Por otra parte, funcionarios de la Casa Blanca testificaron que en 1972 habían falsificado documentos para implicar al presidente John Fitzgerald Kennedy en el asesinato del presidente survietnamita Ngô Dinh Diêm (1963) y para acusar al senador Hubert Horatio Humphrey de conducta inmoral.

La dimisión de Nixon

Todo este proceso erosionó la imagen de Nixon. El 5 de agosto de 1974, tres nuevas grabaciones revelaron que el presidente había ordenado que el FBI (Oficina Federal de Investigación) dejara de investigar las escuchas del Watergate. También demostraban que el propio Nixon estaba involucrado de forma directa en el encubrimiento de la participación de la administración en el escándalo.

Nixon aseguró públicamente que lo sucedido en el asunto de Watergate y sus propios actos no justificaban un acto tan extremo como su renuncia. Pero intervino la amarga realidad. Algunos de los más viejos amigos políticos de Nixon, incluyendo al senador conservador Barry Goldwater, le advirtieron que podría ser inculpado por la Cámara. Le dijeron que sólo la renuncia le evitaría el vergonzoso espectáculo de ser juzgado ante todo el Senado. La noche del 9 de agosto, Nixon apareció en televisión nacional para anunciar que renunciaría al mediodía siguiente. Lejos de admitir su culpa o expresar remordimiento, explicó que su decisión era necesaria solamente por carecer de una base política en el Congreso.

La amenaza de ser procesado pendió sobre él hasta que un mes más tarde su sucesor, el presidente Gerald Ford, proclamó una amnistía "por todos los delitos" que Nixon cometiera contra los Estados Unidos durante su periodo presidencial. Nixon quedó entonces a salvo de cualquier acusación.


La cordial rectitud de Ford le produjo una inmediata popularidad en la Casa Blanca, pero su acto -que bien pudo estar motivado por su compasión hacia un ser humano deprimido y caído en desgracia- fue visto por muchos con suspicacia. Algunos piensan que esto contribuyó en gran medida a que fuera derrotado en 1976 por Jimmy Carter. Ford esperaba "cerrar y sellar firmemente este libro" al dar el perdón, pero en realidad espoleó el misterio aún más. El legado de Watergate fue en realidad una mayor desconfianza por parte del pueblo estadunidense hacia los altos funcionarios. A falta de pruebas, algunos votantes prefirieron creer lo peor.


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