La profundización
de la crisis económica en Latinoamérica que se venía arrastrando de fines de
los años '50, provocó especialmente en el Cono Sur, un viraje en su historia
política.
Se iniciaría en la década de los años '70 la era de las dictaduras
militares.
La instauración de
regímenes militares en el Cono Sur, a partir de 1964 determinó una profunda
transformación de su historia política. Se puso fin al periodo de
movilizaciones sociales que le antecedieron y que significaron un crecimiento
inusitado de sectores sociales y populares. Crecimiento que derivó en algunos
países como Uruguay y Argentina en movimientos de guerrilla urbana cuyo
objetivo era impulsar una revolución social por esa vía.
Estos regímenes,
apoyados por las Fuerzas Armadas se caracterizaron por su afán desmovilizador y
su represión exacerbada en contra de la disidencia política.
En Argentina,
Chile y Uruguay esta represión comenzó inmediatamente a la usurpación violenta
del poder y el derrocamiento de los gobiernos constitucionales. Brasil tuvo su
represión más cruda al finalizar la década de los años sesenta cuyo objetivo
era aplastar los focos guerrilleros que se habían levantado durante los cuatro
años anteriores de dictadura. Argentina y Chile fueron los países en los que se
vivió la represión clandestina de manera más violenta. En Uruguay la represión
se caracterizó por ser más selectiva y dirigirse principalmente a un control de la sociedad
civil impidiendo la apertura de canales de participación. Pero fue la dictadura
del General Stroessner en Paraguay (1954-1989) el modelo articulador para el
resto de las dictaduras latinoamericanas. Éste fue elogiado por sus análogos y
por el gobierno norteamericano, al resaltar su capacidad para mantener la
"paz social a cualquier costo", en otras palabras, por su eficacia en
el control de la subversión.
Pese a esta
diferencia en el mayor o menor grado de represión, lo cierto es que todos ellos
redundaban en ciertas características comunes: su incapacidad política para
dotarse de bases de legitimidad que les permitiera crear una forma de Estado
diferente de la democracia política; sus violaciones reiteradas y persistentes
a los derechos humanos producto de la implementación de una metodología
represiva sistemática y a gran escala. Estas violaciones a los derechos
fundamentales teñidas del carácter ideológico que imponía la eliminación de
toda disidencia política, y se materializaron a través de diferentes figuras
delictivas tales como detenciones ilegales y secuestros, seguidas en la mayoría
de las ocasiones de homicidios, asesinatos y desapariciones forzadas, previa
tortura de las víctimas, todas ellas propias de las prácticas del terrorismo de
Estado. Otra característica común fue una marcada cooperación a nivel
internacional en el control y en la eliminación de la disidencia política, cuyo
blanco principal era la izquierda política, en especial los Partidos Comunistas
y Socialistas, amén de los focos guerrilleros.
Desde el punto de
vista económico, los gobiernos militares, asesorados por técnicos de ideas
neoliberales, procedieron a cierta apertura de la economía al exterior,
procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado.
El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno
conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo
fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los
sectores populares y la clase media.
El escritor y
político mexicano Carlos Fuentes en su introducción al Informe de la Comisión Latinoamericana
y del Caribe a la
Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague;
1995) exponía la situación actual de los países retrotayéndose a dicho periodo
histórico.
Según Fuentes,
tanto los Estados nacionales como los sectores productivos crecieron
notablemente a partir de la primera guerra mundial; lo que no creció fue el
acceso al crédito, la asistencia técnica, la inversión en capital humano, y
medidas compensatorias hacia los sectores de la pobreza extrema y grupos
vulnerables.
En estos años,
durante la Guerra Fría,
las políticas sociales fueron confundidas con las políticas del comunismo
soviético, y satanizadas, en consecuencia.
Las sociedades
exigían reformas. Los poderes políticos y económicos las obstruían. Las
doctrinas de la seguridad continental paralizaron múltiples iniciativas de
cambio que buscaban mayor igualdad, mejor distribución, un grado superior de
justicia.
Los Estados
nacionales de Latinoamérica, agobiados por las demandas insatisfechas de
obreros, campesinos, el sector cultural, empresarios, militares y acreedores
extranjeros, sucumbieron, en muchos casos, a las dictaduras castrenses, a la
necesidad de purgas macroeconómicas en seguida y, finalmente, a la consagración
democrática.
En la década de
los ochenta, la crisis económica redujo drásticamente el poder adquisitivo,
retrajo los salarios reales a los niveles de 1960, aumentó el desempleo, la
malnutrición y la mortalidad infantil, disminuyó el gasto y los servicios
sociales y, generalizó la pobreza. Para Carlos Fuentes, no fue sólo el
efecto de una crisis financiera, sino la consecuencia del aplazamiento de
reformas indispensables.
La mayoría de los
países latinoamericanos, con una pesada carga de endeudamiento externo, y un
contexto internacional diferente, fueron de diversas formas, restaurando sus
respectivas democracias.
Las dictaduras
latinoamericanas han reducido su alcance en los años recientes. Apenas quedan
algunos débiles amagos de reinstalar a los caudillos autoritarios. Lino Oviedo
intentó en Paraguay deponer a
Juan Carlos Wasmosy y fue rechazado por el pueblo. No le ha
quedado sino escoger el camino
de las urnas para llegar a la Presidencia.
Sin embargo, hay
algunos síntomas débiles de reimponer dictaduras o de resistir a la autoridad
civil. El almirante Mauro César
Pereira, rechazó el intento del Presidente Fernando
Henrique Cardoso de pasar una ley que indemnice a las familias de los
desaparecidos durante las dictaduras brasileñas. En los 90 en Honduras hay ruido de
sables y amagos de golpe; el ejército ha sacado los tanques a la calle en
varias ocasiones. El golpe contra Aristide, en Haití en 1991, fue seguido de su
restitución, mediante las bayonetas estadounidenses. En El Salvador se alcanzó
la paz en 1992, después de treinta años de guerra contra regímenes militares
con fachada civil. En Perú se adivina el puño castrense detrás del impasible
Fujimori, pero éste, al menos, retiene el mando visible.
El
caso chileno: El gobierno socialista de
Salvador Allende y el golpe de estado militar
Con el ingreso a
la década del sesenta, los pueblos latinoamericanos fueron conociendo los
límites de un modelo de crecimiento y distribución que perdía su dinámica y se
manifiestaba incapaz de incorporar a amplios sectores populares. Es entonces,
en el marco mundial de la
Guerra Fría, en donde se inicia un periodo de confrontación y
de luchas sociales y políticas.
Mientras en varios
países latinoamericanos los movimientos populares eran reprimidos por una
escalada militar creciente, en Chile el político Salvador Allende asumía el
gobierno mediante elecciones y buscaba una vía al socialismo por medios
democráticos.
Sin embargo pocos
años más tarde, esta inusual experiencia de socialismo democrático sería
abortada violentamente por el golpe militar con Augusto Pinochet a la cabeza.
El 4 de Setiembre de 1970, Salvador Allende
obtiene la primera mayoría relativa (36 %) en las elecciones presidenciales,
apoyado por la coalición de izquierda Unidad Popular. A partir de allí se
inicia un tortuoso camino destinado a obtener que el Congreso Nacional
ratifique el triunfo en las urnas, por lo que los parlamentarios deben optar
entre las dos primeras mayorías relativas.
El
Congreso respaldó a Allende frente a su opositor de derecha, el anterior
presidente Alessandri. Allende entonces se convirtió en el primer presidente
elegido con un programa socialista en un país no comunista de Occidente.
Salvador Allende
es elegido Presidente de la República y asume, en medio de la expectación
nacional e internacional, el 4
de Noviembre de 1970, iniciándose la denominada "vía chilena al
socialismo", bautizada más graficamente como "la revolución de
empanada y vino tinto", atendiendo el particular carácter del triunfo de
la izquierda chilena, obtenido limpiamente en las urnas, merced al masivo apoyo
ciudadano al proceso de reformas que propuso al país.
Durante el
gobierno popular, dicho respaldo se incrementa, contra toda la campaña
desestabilizadora impulsada por la derecha y la Democracia Cristiana. La
Unidad Popular
obtiene la mayoría absoluta de los sufragios en la elección municipal de 1971 y
más del 43 % de los sufragios en las parlamentarias de 1973, superando
ampliamente su votación de 1970.
Con
el gobierno de Allende se instituyó el control estatal de la economía, se
nacionalizaron los recursos mineros, los bancos extranjeros y las empresas
monopolistas, y se aceleró la reforma agraria. Además, Allende lanzó un plan de
redistribución de ingresos, aumentó las salarios e impuso un control sobre los
precios.
La
oposición a su programa
político fue muy vigorosa desde el principio y hacia 1972 se había producido
una grave crisis económica y una fuerte polarización de la ciudadanía. La
situación empeoró aún más en 1973, cuando el brutal incremento de los precios,
la escasez de alimentos (provocada por el recorte de los créditos externos),
las huelgas y la violencia llevaron al país a una gran inestabilidad política.
Esta crisis se agravó por la injerencia de Estados Unidos, que colaboró activamente
para desgastar al régimen de Allende. Por otra parte crecen las discrepancias
en el seno de la Unidad
Popular acerca de cómo responder a la creciente violencia de
los sectores conservadores.
El clima de
agitación provocado por los sectores reaccionarios con respaldo foráneo crean
el clima para el Golpe de Estado que el 11 de Setiembre de 1973, pone fin al
gobierno popular y desata una ola de persecución y muerte que tiñe de sangre
las calles de Chile.
El Presidente Allende muere en el Palacio de La Moneda,
dejando un legado inconmensurable para las futuras generaciones. en medio del
bombardeo sobre el palacio presidencial, El presidente chileno da
un mensaje a los ciudadanos que se transmite por radio; eran las 8:45 a.m.:
"(...) Que lo
sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente: dejaré La Moneda cuando
cumpla el mandato que el pueblo me diera, defenderé esta revolución chilena y
defenderé el Gobierno porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No
tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la
voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo (...)"
Allende estaba
persuadido de que la institución de la Presidencia de la República y por extensión el estado en su
dimensión democrática era el único frente de contención militar y política
contra el desencadenamiento de la violencia y la guerra civil. Sin los recursos
del gobierno, las organizaciones de los trabajadores -partidos, sindicatos,
cordones industriales, comandos comunales, etc.- se le aparecían como
divisiones enteras de un ejército a la merced del adversario, impotentes de
ofrecer por ellas mismas una asistencia orgánica equivalente al nivel de la
agresión de que eran objeto desde 1972.
A través de la
decisión de defender hasta el fin la legalidad democrática. Allende deseaba
imposibilitar a los sectores conservadores la reconstrucción del aparato del
estado tradicional, condenándola a entrar en conflicto con el sentido de la
evolución histórica del país en su configuración socioeconómica contemporánea.
Su propia vida era el último recurso que se había reservado el hombre político
singular que era Allende.
El régimen de Pinochet
Tras
el asalto al Palacio de la Moneda y el asesinato del presidente Allende, se
estableció una Junta Militar encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte
que suspendió inmediatamente la Constitución, disolvió el Congreso, impuso una
estricta censura y prohibió todos los partidos políticos. Asimismo, lanzó una
fuerte campaña represiva contra los elementos izquierdistas del país: miles de
personas fueron arrestadas, y centenares de ellas ejecutadas o torturadas;
muchos chilenos se exiliaron, mientras que otros pasaron largos años en prisión
o "desaparecieron".
Durante
los años siguientes, la
Junta Militar gobernó al país con gran rigor. En 1978 se
levantó el estado de sitio (aunque siguió en vigor el estado de emergencia), e
ingresaron más civiles en el gabinete. Sin embargo, Chile siguió siendo
esencialmente un Estado policial. Una nueva constitución, sometida a referéndum el día del
séptimo aniversario del golpe, legalizó el régimen hasta 1989; Pinochet inició
en marzo de 1981 otro periodo de gobierno, ahora como presidente, por un lapso
de ocho años.
En
el ámbito económico, el gobierno de Pinochet -con sus medidas de austeridad-
recortó la inflación y estimuló algunos sectores de la producción entre 1977 y
1981, abriéndose al mercado externo y aplicando las medidas neoliberales
desarrolladas en el resto de América Latina. No obstante, a partir de 1982, la
recesión mundial y la caída de los precios del cobre provocaron un retroceso de
la economía chilena. En 1983 se produjeron amplias protestas contra el
gobierno, seguidas de una serie de atentados en las grandes ciudades. El
aumento de la tensión popular y el progresivo deterioro de la economía llevaron
a Pinochet a reinstaurar
el estado de sitio en noviembre de 1984. A finales de ese mes,
se firmó un tratado con Argentina, en el que se ratificaba la soberanía chilena
sobre tres islas
del canal de Beagle (Picton, Nueva y Lennox). Tras un fallido intento de
atentar contra la vida de Pinochet, en setiembre de 1986, se desarrolló por
parte del gobierno una nueva campaña represiva.
El restablecimiento del poder
civil
En
agosto de 1988 se levantó finalmente el estado de emergencia, y en octubre se
permitió a los chilenos organizar un plebiscito sobre si debía o no prorrogarse
hasta 1997 el mandato de Pinochet, que terminaba en marzo de 1989. Cuando casi
el 55% del electorado votó por el "No", el mandato de Pinochet se
prorrogó automáticamente hasta marzo de 1990, a la espera de la celebración de las
elecciones presidenciales y legislativas.
En
diciembre de 1989, en los primeros comicios presidenciales en diecinueve años,
los votantes eligieron por mayoría al candidato democratacristiano Patricio
Aylwin, quien promovió una serie de reformas económicas y nombró una comisión
para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el
régimen de Pinochet. Las reformas económicas iniciadas por Aylwin permitieron
que más de un millón de chilenos salieran de la pobreza. En las
elecciones presidenciales de 1993, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del antiguo presidente Eduardo
Frei Montalva, salió triunfador. Augusto Pinochet, por su parte, se mantuvo en
su cargo de comandante en jefe del Ejército. En 1994, Chile solicitó su entrada
en el Tratado de Cooperación Económica Asia-Pacífico (CEAP) y en el Tratado de
Libre Comercio Norteamericano (NAFTA).
El realizador chileno Patricio Guzmán tiene varios documentales que narran este período histórico y que valen la pena ver para comprender más cabalmente la historia de este país.
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