Tras siglos de monarquía, se
instaura en España la
Segunda República con el apoyo de amplios sectores. La
defensa de la democracia representativa, la soberanía popular, la
aconfesionalidad del estado y la plena defensa de las libertades individuales y
sociales constituían su principal bandera.
España después de la Primera Guerra Mundial
En 1918, España se regía,
teóricamente, por una monarquía democrática. En la práctica, ni los gobiernos ni el parlamento -Las
Cortes- representaban a las principales fuerzas sociales en España. Las
elecciones eran aún manipuladas por una oligarquía dominante. Los trabajadores,
los campesinos y, en menor medida, el ejército, no tenían cabida alguna en el
régimen. Trabajadores y campesinos tenían sus propios cauces de expresión a
través del socialismo y el anarquismo; y el ejército intervenía en la política
por medio de fluidas organizaciones conspiratorias de oficiales.
Grupos sociales y órganos de expresión
El Partido Socialista,
fundado en 1879, se movía dentro de los mecanismos constitucionales en su lucha
por el poder político; la Unión General de Trabajadores (UGT; 1888) de
filiación socialista, constituía un movimiento reformista que creía en el
progreso de la clase trabajadora a través de huelgas pacíficas, y considerando
que el motor del cambio estaba en la educación (a principios de siglo el 63% de
la población española era analfabeta) fundó las "Casas del Pueblo",
centros de reunión y discusión, donde funcionaban bibliotecas circulantes. Su
apoyo se encontraba principalmente en Asturias, la zona de Bilbao, de Madrid ,
de Valencia y de las zonas urbanas de la España occidental.
Después de la Primera Guerra
Mundial, el Partido Socialista se vió ante la disyuntiva de adherir o no a la
Tercera Internacional de Moscú. Por un estrecho margen rechazó las condiciones
propuestas por Moscú, y ello provocó la escisión y la formación del Partido
Comunista español.
Las doctrinas anarquistas
alcanzaron mayor aceptación en España que en cualquier otra parte de Europa.
Buscaban la libertad y, por tanto, la destrucción de todo tipo de autoridad,
especialmente el Estado. Buscaban la espontaneidad, no la disciplina. Cataluña
y Barcelona eran las zonas de mayor influencia
de la Confederación Nacional del Trabajo, organización de tipo
descentralizada, que no contaba con funcionarios remunerados.
Existía una excesiva oferta
de trabajo; el desarrollo industrial de España no era suficiente para absorber
el exceso de población en las regiones con predominio agrícola.
El ejército era una
institución poco común. El número de oficiales era excesivo y estaban mal
remunerados. Los hijos de la clase media que nutrían el cuerpo de oficiales
encontraban en el ejército seguridad, prestigio social y el sentimiento de
pertenecer a un grupo elitista. Las fuerzas armadas, aunque poco apropiadas
para intervenir en campañas exteriores, podían intervenir decisivamente en la
política interna para restaurar el "orden" o para eliminar la
corrupción, con el fin de configurar la "voluntad nacional"
La burguesía española estaba
estrechamente integrada, social y económicamente, con la aristocracia
terrateniente. El desarrollo industrial en los alrededores de Bilbao y
barcelona había dado origen a una clase de ricos industriales que colaboraba
con la oligarquía rural en el control de las instituciones financieras,
mientras los grandes terratenientes invertían en la industria. Era improbable
entonces, que se registrasen choques entre la alta burguesía industrial y la
oligarquía terrateniente,porque en el más alto nivel formaban un único grupo de
propietarios.
La pequeña burguesía
integrada por profesionales, maestros, pequeños propietarios, pequeños
comerciantes, constituían una clase propicia a alarmarse ante las amenazas
dirigidas a su riqueza. Éstos oscilaban entre las esperanzas de reforma y
renovación, y el temor a la subversión.
Otro grupo social importante
lo constituía la Iglesia, institución grande, rica y poderosa que contaba con
80.000 sacerdotes, frailes y monjas. La Iglesia española, que se caracterizaba
por un profundo conservadurismo, conservaba el control de la educación. En
algunas zonas rurales, seguía siendo respetada por todas las clases sociales.
La dictadura de Primo de Rivera
La Primera Guerra Mundial
había traído prosperidad a las regiones industriales españolas, e incluso a las
zonas agrícolas. Después de la guerra decayó la demanda europea y los precios
de los alimentos bajaron. Las reducciones salariales y el desempleo produjeron movimientos huelguistas que fueron
reprimidos con violencia. La respuesta de los sindicalistas, fundamentalmente
anarquistas, también fue violenta, y terminó con el aplastamiento del
sindicalismo revolucionario, y la dictadura militar del General Primo de Rivera en 1923, con la
aquiescencia de los hacendados, y el apoyo del rey Alfonso XIII.
La dictadura de Primo de
Rivera mostró cierta preocupación por el bienestar de los trabajadores, y contó
con el apoyo de la UGT (socialista), al punto de que su secretario general,
Largo Caballero fuese nombrado consejero
de Estado. Para dirimir las disputas salariales se establecieron comités
paritarios con igual representación de trabajadores y patronos, y un presidente
nombrado por el gobierno. El emprendimiento de numerosas obras públicas, y la
expansión internacional en los últimos años de la década de los '20 trajeron a
España una prosperidad relativa. Pero rápidamente comenzaron a surgir voces de
oposición: aspiraciones autonomistas, especialmente catalanas; las clases altas
frente a las políticas sociales; los políticos de la época parlamentaria que se
sentían excluídos del poder, el propio ejército, ante el ataque a la
independencia llevado adelante por Primo de Rivera sobre el cuerpo de oficiales
de artillería; y hasta el rey Alfonso XIII, que sintiéndose desplazado quería
desligarse cuanto antes del dictador. Primo de Rivera viendo la situación, y
ante la certeza de no contar con el apoyo del ejército, presentó su dimisión.
Los meses que siguieron a la
caída de Primo de Rivera presenciaron los esfuerzos del rey Alfonso XIII para conservar su trono.
En 1931, permitió se
celebraran elecciones municipales confiando con que se produciría una
demostración del sentimiento monárquico. Para sorpresa del monarca, las
elecciones demostraron la ausencia de ese sentimiento: prácticamente todas las
grandes ciudades votaron a los republicanos. Amenazaban grandes desórdenes si
Alfonso XIII continuaba en el poder, y el ejército no dio ninguna señal de
estar dispuesto a apoyar a la monarquía. En abril, el rey abdicó y abandonó
España.
La República, que fue
proclamada tras la abdicación, contaba inicialmente con el apoyo de los más
importantes elementos de la sociedad española.
La historia de los años que
transcurrieron entre 1931 y 1936, es la del fracaso de ese concenso.
La II República (1931 -1933)
Tras la partida del rey, el
poder pasó a manos de un gobierno provisional integrado por republicanos
moderados y socialistas bajo la presidencia
de Alcalá Zamora, un republicano católico. El gobierno afrontó inmediatamente
los grandes problemas: el campo, la Iglesia, el ejército.
Largo Caballero -designado
ministro de Trabajo- dirigió sus esfuerzos a proteger a los pequeños
propietarios contra la extinción del derecho a redimir las hipotecas, autorizó
a los municipios a obligar a los terratenientes a cultivar sus tierras y
extendió la ley de accidentes de trabajo en la industria a los trabajadores del
campo. Se prohibió el empleo de trabajadores eventuales para sustituir a los
huelguistas.
El gobierno proclamó la
libertad religiosa y elaboró un programa para desarrollar un sistema escolar
estatal y laico, mientras anunciaba su intención de reducir el número de
órdenes religiosas.
Manuel Azaña -Ministro de
Guerra- elaboró un proyecto para
reformar el ejército; para esto propuso reducir el número de oficiales a la
mitad. Consciente del peligro que una medida de ese tenor podía significar,
trató de compensar el descontento ofreciendo retiros sorprendentemente generosos
a los oficiales que estuvieran dispuestos a abandonar el ejército.
A fines de junio de 1931
tuvieron lugar las elecciones a Cortes, que se encargarían de redactar la
Constitución. El resultado fue la victoria de los republicanos de izquierda y
los socialistas. Las Cortes votaron una constitución democrática de corte
moderno y progresivo.
La Constitución del 9 de
diciembre de 1931, que definía a España como una "República de trabajadores
de toda clase" en expresiva alusión a las contrapuestas percepciones de la
realidad nacional, fue fruto de un laborioso consenso y uno de los escasos
ejemplos del constitucionalismo español que implicaba una encendida defensa de
la democracia representativa y de las libertades (soberanía popular, sufragio
universal masculino y femenino, aconfesionalidad del Estado, derechos
individuales y sociales).
Su parte más polémica fue el
artículo 26, según el cual el Estado cesaría de contribuir a los sueldos de los
sacerdotes; las órdenes religiosas podrían poseer sólo los bienes necesarios
para cumplir sus funciones; todas las órdenes religiosas que pusieran en
peligro al Estado serían disueltas (se referían específicamente a los jesuítas)
y las órdenes religiosas tendrían que dejar de ocuparse de la enseñanza.
Todo ello acarreó al nuevo
régimen la decidida hostilidad de la
Iglesia, no solamente del Vaticano y de la jerarquía española, sino también de
los párrocos en general.
La convicción gubernamental
del reto que entrañaba elevar la España de la década de 1930 a la
altura de las potencias occidentales de su entorno, inspiró una política
reformista identificadora del talante dominante en este bienio. Entre las
medidas reseñables cabe indicar el respeto a las autonomías regionales,
otorgándole la misma a Cataluña y prometiendo a las provincias vascas un trato
similar; la aplicación de una reforma agraria
que expropiaba grandes latifundios para ser redistribuidos en
explotaciones individuales o colectivas; y la promulgación de leyes sociales
como subsidios por enfermedad, jornada laboral de ocho horas, salario mínimo y
salario vacacional.
Azaña presidió el mejor
gobierno que España había tenido en los tiempos modernos. Pero tal gobierno se
resintió de una grave debilidad, que acarrearía la ruina de la República: su
incapacidad para impedir los desórdenes.
En 1931, los anarquistas
expresaban sus sentimientos quemando iglesias y conventos; en julio y agosto de
ese mismo año la CNT (tendencia anarquista) organiza violentas huelgas en
Barcelona y Sevilla donde el gobierno usa a la artillería y resultan muertas 30
personas.
En agosto de 1933 en Sevilla,
una parte del ejército intenta dar un golpe de estado para derrocar "la
dictadura anticlerical de Azaña". El levantamiento estaba mal organizado y
fue aplastado por el gobierno sin dificultad. Pero pese a que la amenaza
militar seguía viva, los anarquistas no disminuyeron su hostilidad hacia el
gobierno.
Estos sucesos contribuyeron a
desacreditar a la República frente a
católicos y conservadores, a la par que crecía el resentimiento entre los
trabajadores y campesinos. Los republicanos se debatían en un difícil equiibrio
entre la violencia de derecha y la violencia de izquierda. En el verano de
1933, Azaña dimitió.
El intento restaurador (1933-1935)
Las elecciones se celebraron
en noviembre y mostraron un claro giro hacia la derecha. La CEDA -
Confederación Española de Derechas Autónomas- dirigida por Gil Robles obtuvo en
alianza con los monárquicos un total de 150 escaños, mientras que los radicales
de centro obtuvieron 100.
Los partidos republicanos de
izquierda sufriendo un gran descalabro pasaron a tener 37 escaños en lugar de
los 130 que tenían, mientras que los socialistas quedaron con 59, perdiendo
casi la mitad de sus escaños. Los anarquistas, entre tanto, se abstuvieron de
votar.
Con este panorama, el
gobierno sólo podía apoyarse en los votos radicales y en los del CEDA. Bajo
esta coalición tuvo lugar una rápida destrucción de las innovaciones
progresistas introducidas entre 1931 y 1933.
Leyes y decretos furon revocados,
suspendidos o ignorados.
Las órdenes religiosas volvieron a actuar como antes
de 1931 y les fueron devueltas todas las propiedades que les habían sido
incautadas.
Se suspendió la construcción de escuelas, y el Estado volvió a
hacerse cargo de la retribución del clero.
Los jurados mixtos que fijaban los
salarios fueron modificados para reducir los salarios.
Los anarquistas entretanto,
mantuvieron su acción violenta provocando revueltas aplastadas por el gobierno.
En la revuelta de Aragón fueron asesinados 67 miembros de la CNT.
La UGT, dirigida por Largo
Caballero, propuso a la CNT crear un frente común de trabajadores, pero ésta
última se negó, pese a lo cual participaban juntas en las mismas huelgas.
Los socialistas por su parte,
resolvieron que la entrada en el gobierno de la CEDA significaría el fin de los
avances conseguidos, y constituiría la señal para iniciar la revuelta.
El 4 de octubre de 1934
Lerroux (centro) formó un nuevo gobierno con miembros de la CEDA. En Barcelona,
Madrid y Asturias surgieron las revueltas. Companys, dirigente de la Esquerra,
un movimiento catalán de laizquierda republicana, proclamó la independencia de
Cataluña en el seno de la federación española. Actuó sin el respaldo de la CNT
y port anto se vio privado del apoyo de las masas; la revuelta fue aplastada
por la guarnición local, y sus dirigentes fueron encarcelados.
En Madrid la revuelta fue un
fracaso, en tanto en Asturias cpnstituyó una guerra social a gran escala. La
unión de los sindicatos anarquista y socialista, sumada a la participación de
comunistas que propugnaban por un frente común, hizo posible una acción
combinada con éxito.
Los generales Franco y Godet,
a quienes se les había encomendado la represión, trajeron tropas de Marruecos
para luchar contra los rebeldes. Se montó una campaña a gran escala en la que
apenas se hicieron prisioneros en la lucha. Tras ésta, los guardias civiles y
los legionarios fusilaban a los sospechosos y aplicaban métodos de tortura
indagando el paradero del armamento escondido.
Este episodio terminó con
40.000 personas encarceladas y una cifra de muertos que oscila entre 1.000 y
5.000.
El prestigio de los generales
y del ejército creció sensiblemente entre los sectores dominantes.
En 1935, la violenta vida
política española se vio conmocionada por un escándalo. Se descubrió que un
empresario de salas de juego había sobornado a varios de los más cercanos
colaboradores del primer ministro radical Lerroux. Esto hizo imposible la
continuación de los radicales en el gobierno. Este hecho dejaba las puertas
abiertas para el ingreso sin restricciones de la CEDA. El presidente Alcalá
Zamora, ante la convicción de que la presencia de Gil Robles como primer
ministro era incompatible con la supervivencia de la República, decidió
disolver las Cortes y llamó a elecciones.
La victoria del Frente Popular y el proceso hacia la
Guerra Civil
Las elecciones de febrero de
1936 tuvieron como protagonistas a dos coaliciones: a la derecha, el acuerdo
electoral entre el CEDA, los monárquicos, los carlistas y los agrarios (partido
de los terratenientes); y a la izquierda el Frente Popular, integrado por
socialistas, demócratas, radicales (escindidos de Lerroux), la izquierda
separatista catalana y los comunistas.
Los anarquistas y
anarcosindicalistas no participaron del Frente Popular pero decideron apoyarlo
debido a lo sucedido en Asturias, y a la promesa de amnistía para los numerosos
militantes de la CNT que aún estaan encarcelados.
La victoria fue entonces para
el Frente Popular, que obtuvo 278 escaños, contra 134 de la derecha.
El gobierno de Azaña fue
democrático y liberal, pero no pudo resolver el problema de que los diferentes
extremos se desbordaran.
En el suroeste de España el
campesinado se apoderó de los terrenos baldíos pertenecientes a los
terratenientes, mientras el gobierno reemprendía un proceso más ordenado para
establecer a familias campesinas en territorios expropiados.
La convicción de que el
gobierno era incapaz de defender el orden y la propiedad cundió entre la clase
alta. Los temores de la derecha generaron un movimiento hacia la violencia,
ganando terreno el monárquico Calvo Sotelo, y la Falange, organización fascista
acaudillada por el hijo del dictador Primo de Rivera.
Azaña, previendo la amenaza
militar, realizó sucesivos traslados de oficiales, que efectivamente retrasaron
el levantamiento.
En una dinámica de ascendente
crispación, el asesinato del dirigente de extrema derecha José Calvo Sotelo
ocurrido el 13 de julio (motivado a su vez, por el asesinato de un republicano)
genera una alteración en los planes estratégicos del general Emilio Mola y
demás conspiradores antirrepublicanos y el adelantamiento del golpe militar al
18 de julio. Este será el inicio de la Guerra Civil, que culminó con la
victoria franquista en abril de 1939, punto final de la azarosa experiencia
republicana y puerta de acceso a cuatro décadas de autoritarismo y poder
personal en España.
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